La Policía Local concentra durante en estos días todas las miradas. El que fuera jefe de la Policía Local antes del nombramiento de José Antonio Moreno, el intendente José Manuel Jiménez, ha sido encausado por un presunto delito de prevaricación por abrir expediente a un dirigente sindical con el fin de presionarlo mientras tenía lugar la negociación del convenio colectivo en el cuerpo policial.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada abrió ayer diligencias previas de investigación contra el exjefe de la Policía tras la demanda interpuesta el pasado 13 de junio por el delegado sindical en la que denunciaba estos hechos, que se remontan al mes de marzo del año 2013. La querella fue admitida a trámite por el juez un mes después de ser presentada, por lo que se acordó la apertura de una investigación.

En ella se explica que los hechos se produjeron cuando el Ayuntamiento de Granada denunció penalmente en los Juzgados un abandono del servicio por más de medio centenar de agentes durante los días 2 y 5 de enero, coincidiendo con la festividades del Día de la Toma y la Cabalgata de los Reyes Magos. Dicho abandono habría sido decidido una asamblea celebrada en diciembre. La denuncia incluía a once delegados sindicales y hasta 48 agentes, pero el Juzgado resolvió finalmente la inadmisión de la querella.

Pese al archivo de las diligencias, el equipo de gobierno municipal abrió un expediente disciplinario contra estos agentes, entre los que se encontraba Pablo García López, el por entonces representante del Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía (SIPAN), que argumentó encontrarse fuera del país durante la celebración de la asamblea, por lo que no tenía asignado trabajar durante los días en los que se denunció el abandono.

Pese a ello, el expediente disciplinario siguió su curso y se cerró con una propuesta de sanción de suspensión de funciones durante tres meses por considerar los hechos una falta grave.

En la querella se explica que en la fecha en que se instruyó el expediente se estaba negociando el convenio colectivo, con lo que la imposición de dicha sanción se utilizó para presionar supuestamente al delegado sindical. Una vez finalizada dicha negociación, en diciembre del 2014, se declaró la caducidad del expediente y la causa fue archivada.

El agente considera en su denuncia que Jiménez Avilés incurrió en prevaricación al dictar una resolución arbitraria a sabiendas del perjuicio que ésta podría tener, considerando una injusticia todo lo sucedido. El exjefe de la Policía Local ya declaró por lo sucedido en su día el pasado 19 de julio.