Granada

Los agricultores reclaman que no se penalicen todas las prácticas agrícolas en la Sierra

  • Recabarán firmas para exigir a la Junta una gestión más acorde a las necesidades locales

La organización agraria Asaja y la Asociación de Propietarios del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada recriminaron ayer a la administración autónoma la "penalización constante" a todo tipo de prácticas agrícolas y ganaderas, que reivindican como forma de vida de sus habitantes.

Según detallaron en rueda de prensa para reclamar a la administración una gestión "más acorde a las necesidades locales" de los municipios integrados en este espacio protegido, pondrán en marcha una recogida de firmas.

Denuncian que en el área protegida del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada las prácticas agrícolas y ganaderas se penalizan "constantemente" con restricciones "para todo", como transitar y acceder con vehículos a las fincas, cultivar en determinadas parcelas, ampliar una balsa, cortar broza en la sierra, limpiar las acequias o arreglar caminos. También se penaliza, detallaron, medidas como colocar estructuras provisionales de cultivo (mallas antigranizo), hacer una chimenea nueva o cambiar una piedra de sitio.

Según Asaja y la asociación de propietarios, la administración autonómica ha ido con los años poniendo cada vez más trabas a los pobladores en aras a un "proteccionismo a ultranza" del área natural que, dicen, ha acabado por ser "una completa expropiación de uso sin la compensación socioeconómica adecuada al tipo de limitaciones". Sus reivindicaciones pasan por "vivir con dignidad de la tierra", modernizar sus explotaciones y sacar rentabilidad a sus cultivos. En su opinión, esas aspiraciones no van en detrimento de la conservación sino que, "muy al contrario", la actividad agrícola y ganadera ofrece solución a dos importantes problemas medioambientales: el avance de la desertización y la proliferación de los incendios forestales.

Asaja cree que no se puede gestionar el parque desde una posición dominante y ajena a las necesidades de sus pobladores, y abogan por que la figura de protección considere la explotación económica agroganadera, e incluso turística, desde la perspectiva local, "no meramente sancionadora".

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