La vía pública es, desde hace años, un expositor para los comerciantes que se aglutinan en las estrechas calles que recorren el centro de la ciudad. Históricas por la cultura que sostienen sus muros, la Alcaicería en la catedral o la Calderería en el Albaicín reciben a diario a miles de turistas que discurren en fila de uno en busca de un souvenir con el que llevarse a casa un recuerdo de su periplo por la capital. Ahora, el Ayuntamiento quiere acabar de una vez por todas con esta costumbre ya extendida en la que los comerciantes se escudan para llenar la calle de mercancía con la que llamar la atención de los transeúntes.

Durante estos dos primeros meses estivales, el número de denuncias a establecimientos por ocupar la vía pública ha crecido exponencialmente con respecto al resto del año, y se espera que el número de sanciones vaya en aumento tras la campaña informativa puesta en marcha desde el Consistorio con la que instan a los locales a acatar una ordenanza municipal tajante. Según la misma, está terminante prohibido ocupar la vía pública con cualquier objeto que entorpezca el tránsito de viandantes. A pesar de los distintos intentos de regularización, las ropas, alhajas y pañuelos están por todas partes.

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, presentó ayer las guías de un plan de actuación para acabar con una problemática que pone en riesgo la seguridad de lugares con una gran afluencia turística: "No podemos garantizar la accesibilidad en estas calles. La mercancía en la vía pública genera un problema de seguridad ciudadana", afirmó Ruz, que argumentó que en estos callejones no se puede evacuar a personas y que tampoco se permite el acceso de vehículos de emergencias como una ambulancia o un camión de bomberos a causa de la "ocupación masiva" que se hace del espacio público.

En esta línea, la concejal socialista hizo especial hincapié en las personas con movilidad reducida a las que también se les impide caminar por estas zonas: "Vamos a exigir que se cumpla la normativa con carácter urgente". El Ayuntamiento concentrará su actuación en torno a dos ejes: el primero de ellos será informar a los comerciantes de dicha normativa al tiempo que se multará a aquellos locales que persistan en la ocupación de las calles: "Las sanciones van desde los 600 a los 3.000 euros y, en aquellos casos en los que se reincida, se planteará el cierre de los comercios", señaló Ruz. Antes de llegar a ese límite, el actual equipo de gobierno propone como segundo eje el consenso con los comerciantes de la zona: "Además de tomar medidas, nos sentaremos con ellos a dialogar. No queremos ir en contra de la actividad económica, queremos que ésta se desarrolle con un orden". De este modo, se sentarán las bases de una mesa de trabajo conjunta con vecinos y comerciantes de la zona en la que se pretende acordar una solución que no conlleve erradicar por completo la mercancía de la calle, al constituir un reclamo turístico que es ya una seña de identidad: "La alternativa puede pasar por la instalación de expositores en los que se les permita exponer sus productos sin causar perjuicio", propuso la edil.

La modificación de la ordenanza será "menos restrictiva" y contará con las demandas que se hagan desde la oposición. No será hasta septiembre cuando se presente formalmente dicho plan, que coincidirá con la puesta en marcha de un proyecto de ordenación de espacios públicos que regule, además, la ocupación de los mismos por terrazas hosteleras en las plazas de la capital.

Las mesas y sillas de estas terrazas han multiplicado su expansión territorial hasta límites insospechados. Una práctica que paulatinamente está expulsando al peatón de la calle, a priori un espacio concebido como público que con el aumento de bares y restaurantes ha perdido decenas de metros. Entre las zonas más colapsadas destacan Plaza Nueva (donde hay una fuente atrapada completamente por las terrazas), Romanilla, la calle Pescadería o la calle Navas.

Según explicó Raquel Ruz, el Ayuntamiento ya ha solicitado a los técnicos municipales la elaboración de un plan para reordenar el espacio público en estos puntos críticos. Los técnicos están ya trabajando para valorar si se está cumpliendo con la normativa vigente en base al aforo permitido y al tamaño del lugar que ocupan en las plazas. En muchos casos, la ocupación supera el 90% del espacio, mientras que la ordenanza no permite ocupar más de un tercio de las mismas. Dicha revisión forma parte de lo que será la Ordenanza de las Terrazas , que será consensuada con la Federación de Hostelería y Turismo. La primera actuación fue la peatonalización de la Plaza Isabel la Católica en el pasado mes de julio. Los aparcamientos, que eran utilizados por personal del Ayuntamiento, fueron eliminados. Durante el próximo mes de septiembre está previsto que se celebre la primera comisión para valorar las medidas y acordarlas con los principales afectados, empresarios y vecinos junto con la Federación para dar una solución favorable para todos.