La reciente decisión de los habitantes de Reino Unido de salir de la Unión Europea empieza a afectar a Granada y a otras ciudades españolas. Muchas instituciones dependientes del máximo organismo del continente tendrán que salir de las islas británicas para alojarse en un nuevo destino. Es el caso de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), a cuya sede aspiran Granada, Málaga, Barcelona y Alicante. También otras localizaciones internacionales han mostrado su interés, como Suecia.

Afincada en Londres desde su creación en 1995, la EMA cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y genera cerca de 800 puestos de trabajo. La llegada del organismo a Granada será defendida por el senador socialista José Martínez Olmos, quien llevará una moción a la cámara alta para pedir al Ejecutivo español que evite por todos los medios que esta importante agencia responsable de la evaluación científica y la supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario acabe instalándose en otro país.

Martínez Olmos ha defendido que España cuenta con condiciones ideales para ser sede de la Agencia por "su nivel de desarrollo, su sistema público de salud, la alta cualificación de sus profesionales, la importante inversión en materia de medicamentos y productos sanitarios o su misma indudable vocación europea".

El senador recalcó las condiciones que reúne Granada para acoger una institución que alcanza un volumen económico de unos 200.000 millones de euros anuales, a lo que hay que añadir el mercado de medicamentos veterinarios y el de productos sanitarios, de cuantía similar. Entre el potencial granadino destacan sus infraestructuras, con el nuevo hospital del PTS junto a la importante reputación de la Universidad, que colocan a Granada como una de las opciones con más opciones en la línea de salida.

Aunque de entrada pudiese parecer que los socialistas apuestan por la capital granadina como próxima sede de la EMA, el PSPV presentó ayer en las Cortes Valencianas una declaración que insta al apoyo y a la adhesión de todos los grupos políticos de esa cámara para que el nuevo proyecto de la Agencia Europea de Medicamentos se lleve a cabo en Alicante. Para los de Ximo Puig, su traslado a la ciudad de Alicante sería "una gran oportunidad, ya que supondría un coste mínimo para las arcas de la Unión Europea"

Otra de las ciudades que disputan la capitalidad de la medicina europea a Granada es su vecina Málaga. El pasado 29 de junio el pleno del ayuntamiento malagueño aprobaba una iniciativa para presentar a la capital de la Costa del Sol como 'casa' de futuro del eurorganismo, adelantándose así a la propuesta del Gobierno central ante las autoridades europeas. Málaga tiene tres ventajas sobre la ciudad granadina: las excelentes comunicaciones por tierra mar y aire; el hecho de ser la única ciudad española con más de medio millón de habitantes (junto con Zaragoza) que no tiene una sede europea; y ser la ciudad del sur de España que más turistas recibe al año.

Al noreste de la península también le ha salido una competidora a Granada. Desde el Govern de la Generalitat se apuesta por Barcelona como capital europea de la medicina. Ya en 1992, bajo la presidencia española de la UE, se presentó la candidatura de la ciudad condal a optar a ser la sede de la EMA, aunque la balanza se declinó para Londres. Tras el pasado Consejo de Ministros del 22 julio, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que veía positivo que Barcelona acogiese la Agencia Europea de Medicamentos. Así, la capital catalana será en principio la ciudad defendida por el futuro Gobierno. Sin embargo, las declaraciones de Sáenz de Santamaría quedan en el aire tras la aprobación de la ruta independentista en el Parlament.

Aunque España tiene posibilidades reales de conseguir que la EMA se asiente en su territorio, entra ahora en un juego de tira y afloja con el resto de los socios europeos. Las negociaciones pasan por las principales potencias europeas, como son Alemania, Francia e Italia para poder contar con el apoyo suficiente en el Consejo Europeo durante la futura aprobación de la sede. La formación de los profesionales sanitarios así como el sistema público de salud, referente a nivel global, serán las principales bazas del Gobierno español.