La fulgurante entrada en escena de la jueza argentina María Servini para investigar la muerte de Federico García Lorca ha tenido como efecto colateral llevar la incertidumbre al proyecto de excavación que lideran Miguel Caballero y Javier Navarro en la fosa en la que se supone están los restos del poeta. Según explicó a este diario Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se abren tres posibles escenarios después de que la jueza boanarense admitiera la denuncia que presentó la asociación memorialística para investigar el asesinato del autor de Yerma: que la magistrada argentina tutele las excavaciones de Caballero y Navarro, paralizar la actuación o reclamar que se realice de manera judicial. "Para mí sería estupendo que viniera una jueza y nos tutelara la excavación porque de esta manera tendríamos todos los medios técnicos a nuestro alcance, porque en este momento seguimos batallando para ultimar la intervención de septiembre", asegura Javier Navarro, presidente de la Asociación Regreso con Honor.

"No creo que venga una juez a paralizarnos la excavación para que los trabajos se realicen dentro de una investigación criminal, sobre todo teniendo en cuenta que esta actuación se basa en una investigación que ha llevado a cabo el codirector del proyecto, Miguel Caballero", continúa el arqueólogo, que subraya que el escenario abierto es una situación nueva ya que, hasta ahora, siempre ha seguido el cauce normal de que sea la administración autonómica la que efectúe el control de los trabajos y otorgue las autorizaciones pertinentes para la intervención. En el caso de aparecer restos humanos se comunicaba el hallazgo de los cadáveres al juzgado de guardia, que por lo general se inhibía del caso por la ley de amnistía de 1977 por ser temas prescritos desde el punto de vista penal. "Otra cosa es que se enfoque -como el caso de la jueza Servini- por la vía del genocidio. Ahí no tengo ninguna experiencia", apunta. "Pero no me cabe en la cabeza que nos digan quítense de ahí porque va a trabajar un equipo judicial", continúa.

En todo caso, los trabajos que tienen previsto comenzar en septiembre tienen el objetivo de localizar los restos de Dióscoro Galindo, que fue ajusticiado junto a Federico García Lorca, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. "Es una investigación que está en marcha en una fosa que puede contener, o no, los restos de Lorca, porque es conocido que sobre este tema circulan varias teorías", subraya.

El equipo de Caballero y Navarro tiene previsto intervenir en uno de los tres puntos geográficos que apuntan los testimonios orales de donde pudo ser enterrado. Uno era Fuente Grande, que fue investigado bajo la dirección de Francisco Carrión y siguiendo las investigaciones de Ian Gibson; otro en Peñón del Colorado siguiendo las directrices de Miguel Caballero, basado en los informes de Nestares y de Molina Fajardo y promovido por Regreso con Honor. Y aún queda el Barranco de Víznar, donde se sabe "fehacientemente" que hay más de 350 cadáveres. "Los fusilamiento fueron aquí sistemáticos a partir de finales de agosto de 1936, fechas posteriores al asesinato de Lorca. Así que tenemos delimitada una zona crítica donde es probable que encontremos los restos que buscamos", afirma el presidente de Regreso con Honor.

En cuanto a la entrada en escena de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Navarro destaca que Emilio Silva, su presidente, tiene un "gran prestigio" en el ámbito de la memoria histórica y recuerda una colaboración en una fosa común en Romanillos de Medinaceli. En su caso, Navarro dice que su "gran mérito" es haberse rodeado de un equipo de expertos de primera línea como Francisco García, catedrático de Geofísica de la Universidad de Valencia o José Luis Peña, catedrático emérito de Geografía y máximo especialista en estudios de fotografía aérea y paleogeología, en un proyecto que, en caso de encontrarse restos, tiene previsto contar con los antropólogos Miguel Botella y Francisco Etxeberria.