El supuesto "trato de favor" del Ayuntamiento de Granada hacia el promotor del Serrallo, que señala la Policía en su último informe para la jueza del caso, no sólo habría provocado un daño para los intereses económicos de la ciudad, sino que también supondría la acumulación de una serie de impagos importantes a la Hacienda Pública en concepto de IVA.

El Grupo de Delincuencia Económica de Granada ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, un extenso informe sobre las cuentas del Plan Parcial donde se construyó el centro Serrallo y la discoteca en los terrenos vinculados, destinados inicialmente a espacios libres y parque infantil.

El documento concluye que importantes cargos municipales habrían proporcionado al promotor de esta obra (Roberto García Arrabal) un trato de favor encaminado a favorecer esta construcción en las condiciones más ventajosas para el empresario. Y estas actuaciones podrían haber supuesto una merma importante para los intereses económicos de la Administración Pública.

En concreto, el informe cifra en 2,1 millones los ingresos que tendría que haber recibido el Ayuntamiento de parte del promotor y que no están acreditados. Y pese a no haber constancia documental, los responsables municipales en aquel momento firmaron un decreto de levantamiento de las cargas urbanísticas. Dice la Policía que esto "vendría a imposibilitar prácticamente la efectividad del cobro de los importes comprometidos y adeudados".

La Policía insiste reiteradamente en su informe en el perjuicio que esta forma de proceder habría provocado también para la Agencia Tributaria, dado que se habría eludido el pago de unos 250.000 euros de IVA en total.

Un informe municipal realizado por los mismos investigados, una vez comenzada la causa judicial, da por pagado todo lo que el promotor se habría comprometido a abonar a la ciudad en los convenios urbanísticos firmados. Pero la base de esa afirmación no son documentos oficiales de caja, sino informes de altos cargos de Urbanismo sin competencias en esa materia. Además, algunos de esos abonos no son en dinero, sino una compensación por obras realizadas por el empresario, de las que no hay constancia en la contabilidad municipal. Lo único que aparece, según la Policía, son informes de uno de los altos cargos de Urbanismo investigado por ese supuesto "trato de favor", en los que cuantifica las obras de urbanización hechas por empresas de García Arrabal en base a papeles que aporta el propio empresario.

Pero la Policía advierte que la Ley impide este tipo de compensaciones realizadas de este modo: "El pago de los aprovechamientos municipales de suelo debe ir a cuenta específica del Patrimonio de Suelo, al estar determinados por ley los fines a que ha de destinarse, no pudiendo por tanto compensarse con las deudas por otros conceptos". Además la Policía destaca que el Ayuntamiento permitió al promotor utilizar las mismas obras para compensar dos veces compromisos de pago adquiridos en convenios diferentes.

El resultado de todo esto son ingresos que no constan en las arcas municipales y, del mismo modo, pagos de IVA que no se realizan a la Agencia Tributaria.

El Ayuntamiento también dio por buena la información que transmite el promotor de que una Junta de Compensación de una zona paga a otra (ambas controladas por García Arrabal) por costes de urbanización, sin que conste factura alguna, lo que también supondría una pérdida del IVA.