Francisco C.J., el principal acusado del denominado caso Alhambra, es un guía turístico con un carácter "afable" y "distendido", pero recibía el mismo trato que los demás guías por parte de los porteros. Al menos, así lo afirmaron ayer algunos de los peones del Patronato, que tenían funciones de control en los accesos y que negaron haber dejado pasar sin entrada o con entradas usadas a nadie. "Si ha pasado gente sin entrada es porque estaban autorizados", puntualizó Javier R.J., uno de los trabajadores acusados.

Este empleado del Patronato de la Alhambra y del Generalife fue preguntado expresamente por el fiscal del caso, Luis Salcedo, por un grupo de japoneses que el 1 de diciembre de 2005 accedió, según el informe de la Policía Autonómica, sin entrada y sin guía. "En ocasiones se nos ha comunicado que hay un grupo sin entrada, pero que tenía acceso", contestó. Esto "no era frecuente, pero pasaba algunas veces". La comunicación en esos casos la hacían los oficiales. "Más bien los de primera, y si lo hacían los de segunda imagino que era porque se lo habrían dicho los de primera", comentó.

Este trabajador, al igual que otros porteros, confirmó la existencia del "sistema de compensación" para explicar por qué había grupos que entraban con menos personas de las establecidas en el billete colectivo y otros que se completaban, y dejó claro que en la Alhambra "nadie entra sin entrada".

Al principal acusado lo conocía por su trabajo, al igual que a su hija Belén, también acusada en el proceso, aunque en su caso, Javier R.J., no conocía a muchos guías porque tenía un contrato de sustitución y trabajaba períodos cortos en el monumento. A Pilar A.B., cuñada de Francisco C.J., dueña de WIT Travel (la otra empresa implicada, junto a Daraxatorur) y denunciante del caso, dijo haberle puesto "cara" en el juicio.

"Lo normal es que hubiera una correspondencia entre tiques y personas", recalcó por su parte el controlador Eduardo R.B., a la vez que subrayó que "las compensaciones se hacían indistintamente con todo el mundo". Igualmente, negó haber dejado entrar a nadie sin billete, con uno usado o a más personas de las permitidas en un grupo. Este peón, que entró a trabajar en la Alhambra en 1992, fue quien más elogió el carácter de Francisco C.J., si bien matizó que el hecho de que haya una relación de trabajo cordial "no va a implicar que las normas salten por los aires". Junto a ello denunció haber sufrido "represalias" por parte del Patronato debido a su actividad sindical (fue delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa).

El portero Manuel R.A., ya jubilado, tildó de "incierto" que hubiera grupos de agentes con más problemas para acceder que otros y negó tener tarjeta VIP en el restaurante Puerta de la Alhambra. Sobre las compensaciones, señaló que siempre se realizaban "en la misma franja horaria" y que no tenían "más remedio que hacerlo así" debido al billete colectivo. Es más, la dirección del Patronato "sabía de sobra" que se hacían. "Todos los controladores hacían compensaciones; no había otra forma", añadió, a la vez que advirtió de que "si no hubiésemos hecho ese sistema, la mitad del turismo se hubiera tenido que quedar en la calle". Preguntado sobre el guía Francisco C.J., garantizó que era "uno de tantos" y que no había privilegio con él.

Ninguno de los porteros que desfilaron ayer ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia admitió haberse beneficiado de comidas o consumiciones gratis en el mencionado restaurante como pago de los principales acusados a supuestos favores en los accesos. En cualquier caso, enfatizaron que en los establecimientos de la Alhambra suele haber "descuentos" para el personal.

El juicio continúa hoy en la Caleta. Ya han prestado declaración los principales acusados y un gran número de trabajadores del recinto. La Fiscalía pide penas de 9 y 4 años de prisión para los procesados, a los que acusa de haber cometido, entre 2002 y 2005, presuntas irregularidades que habrían causado un perjuicio económico millonario al monumento. Los tres delitos que contempla el fiscal en los hechos son apropiación indebida, falsedad y daños al patrimonio. En el caso hay medio centenar de acusados, en su mayoría trabajadores del recinto.