Granada

Torres Hurtado defiende la legalidad de la operación de cesión de la Casa Ágreda

  • El exalcalde de Granada hace un paralelismo con el palacete de Cultura vendido por la Junta y recuerda que a Díaz no se le investiga Rechaza responder a las dos acusaciones populares

Durante poco más de dos horas permaneció ayer el exalcalde de Granada José Torres Hurtado dentro del Juzgado de Instrucción número 9, donde compareció como investigado por la cesión con opción a compra de la Casa Ágreda del Albaicín. "Sigo pensando que es un expediente perfectamente hecho y que además no tiene ninguna ilegalidad que yo pueda detectar o ver", manifestó con vehemencia tras culminar el interrogatorio, en el que no contestó a las preguntas de las acusaciones populares que ejercen Vamos Granada y el empresario Ramón Arenas.

El exregidor llegó a los juzgados de la Caleta "tranquilo" unos quince minutos antes de la hora fijada para su comparecencia. Vestía un traje azul y corbata. Accedió al edificio por la misma puerta que el resto de justiciables. No entró al despacho del juez José Luis Ruiz Martínez, situado en la séptima planta del edificio, hasta las 10:10 horas.

Mientras aguardaba el comienzo de su interrogatorio, el exregidor conversó de forma relajada con los periodistas que siguieron su estela hasta la puerta del juzgado. ¿Nos hará declaraciones a la salida", le preguntaron los informadores. "Pero si yo soy ahora un ciudadano más", respondió en tono distendido.

Una vez abandonó el edificio sobre las 12:15 horas, fue cuando atendió a la veintena de informadores que le aguardaban, ante los que reconoció que había sido un "largo" interrogatorio y defendió la legalidad de aquella operación urbanística. "Espero que los siguientes declarantes, que ya son la señora Nieto y los funcionarios del Ayuntamiento, le aclaren al juez todo lo que necesite", agregó, aludiendo a los otros cuatro investigados -de la quincena de denunciados- que también han sido ya citados, entre los que figura la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

"No me he negado a contestar a ninguna pregunta de la señora fiscal o de mi abogado", detalló el exalcalde, que estuvo asistido por el letrado Ernesto Osuna, perteneciente al despacho de Pablo Luna, el penalista que le defiende en el caso Nazarí, la otra causa penal en la que también está implicado y en la que se investiga una supuesta trama corrupta en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada durante su dilatado mandato.

Torres Hurtado, que presentó su dimisión días después de ser detenido en el marco de la operación Nazarí y está suspendido de militancia en el PP, hizo un paralelismo entre la operación urbanística de la Casa Ágreda y la venta del palacete de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía del Paseo de la Bomba de la capital para cuestionar la denuncia origen de este caso, formulada "por un señor que no voy a decir su nombre porque no merece la pena". Recordó así que estaba declarando en calidad de investigado -antes imputado- por un derecho de superficie, con opción de compra, "por un valor de en torno a 2.000 euros por metro cuadrado que ha tenido que pagar una ONG en este sitio del Albaicín", con los problemas de accesibilidad que presenta el enclave. Por contra, el palacete de la Junta, según destacó, "es absolutamente nuevo", está ubicado "en mucho mejor sitio", no presenta las dificultades de tipo urbanístico que tiene la Casa Ágreda y se ha vendido por 1.600 euros el metro cuadrado. "No conozco que la señora Díaz esté aquí sentada declarando como investigada por esa venta y no conozco a ningún otro político de la Junta de Andalucía ni técnico. Esto es muy lamentable, nada más que eso", expresó como colofón ante los micrófonos.

En cuanto a las cuestiones planteadas durante el interrogatorio, según fuentes judiciales, giraron en torno a la valoración de la Casa Ágreda, que es del siglo XVI y se halla en la Cuesta de Santa Inés, así como a los trámites que se hicieron desde la Concejalía de Urbanismo y no desde la de Patrimonio. Asimismo, fue preguntado por cómo contactó con el Ayuntamiento AIDE (Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo), la ONG con la que el Ayuntamiento llegó al acuerdo de la cesión, que luego fue anulado por el socialista Paco Cuenca nada más aterrizar en la Alcaldía.

Tras la declaración del exalcalde -es la tercera vez que Torres Hurtado comparece como investigado ante un juez-, tocará turno al exdirector de Obras del Ayuntamiento (5 de octubre) y al excoordinador general del Área de Urbanismo (6 de octubre), así como al representante de AIDE (10 de octubre) y a la exconcejal Isabel Nieto, (17 de octubre).

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