La fiscal del caso de los supuestos vertidos de agua mal depurada del Centro Penitenciario de Albolote al arroyo Juncal, Sara Muñoz-Cobo, ha solicitado la absolución del subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, y de los tres altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) procesados por posible delito medioambiental, entre los que se encuentra su presidente, Manuel Romero.

Así lo refleja el último auto dictado por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, que se ha encargado de investigar el caso. En la resolución, fechada el 29 de septiembre, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral tanto contra Caracuel y Romera, como contra los dos acusados restantes: el comisario de Aguas y el jefe del Área de Calidad de las Aguas de esa misma institución, Rafael A.J. y Cándido B.R., respectivamente. Y es que aunque la Fiscalía no haya formulado cargos contra ellos, los cuatro se tendrán que sentar en el banquillo por existir una acusación popular en el proceso que sí los acusa. Esta acusación está ejercida por la denunciante del caso, que es dueña del Cortijo Las Torres, una finca aledaña a la prisión. Esta parte solicita para todos ellos las mismas penas y multas. Por el primer ilícito, dos años de prisión y dos de inhabilitación para cargo público. Por el segundo, cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación. Les atribuye dos posibles ilícitos: "prevaricación ambiental" y un "delito contra el medio ambiente".

Así consta en el referido auto, en el que el magistrado "ratifica" la libertad de los procesados y declara como órgano competente para enjuiciar el caso un juzgado de lo Penal de los de Granada, dado que la pena solicitada "no excede de la prisión de cinco años".

Granada Hoy también ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía formulado en el marco de esta causa penal abierta en 2010 e instruida en su mayor parte por el juez Miguel Ángel del Arco, ya jubilado. En el documento, fechado el 12 de septiembre, la fiscal concluye que los hechos "no constituyen infracción penal respecto de las personas contra las que se ha dirigido el auto de incoación de procedimiento abreviado", que según ha podido saber este diario ha sido apelado ante la Audiencia.

Esta apelación se produce después de que el juez instructor, el magistrado Francisco Javier Zurita, desestimara los recursos de reforma interpuestos por el Abogado del Estado -que representa a los cuatro acusados- y ratificara su decisión de pasar la causa a la última fase del proceso: la de preparación del juicio oral. Rechazó esos recursos en dos autos dictados el 25 de julio, en los que desestimó todas las alegaciones planteadas.

Fue el pasado 1 de junio cuando el magistrado dio por concluida la instrucción del caso, dejando en la antesala del juicio sólo a cuatro de los ocho investigados que quedaban en la causa. Los recursos pedían la revocación de esa resolución. Pero, en sus razonamientos, el juez recalcó "la conformidad a Derecho del auto impugnado", y subrayó que "en él se consignan con claridad tanto el nombre de las personas investigadas como los hechos por los que se procede contra las mismas (...), así como el delito por el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado". Asimismo, recordó que lo que acordó el 1 de junio fue cerrar la instrucción, no siendo el momento procesal oportuno para valorar la prueba. Esa valoración "ha de realizarse en el juicio oral".

Las otras cuatro personas que quedaron fuera del caso al decretar el juez el archivo provisional de las actuaciones para ellas, son el administrador del Centro Penitenciario, Sebastián S.L.; el jefe de mantenimiento, Antonio N.M.; el ingeniero técnico industrial José C.Q.; y el excomisario de la CHG Francisco T.G., porque su capacidad decisoria en los cinco meses que ocupó el puesto resultó "prácticamente nula".

Sobre el supuesto papel jugado por Enrique Caracuel, aquel auto estableció que "pese a tener conocimiento directo de cuantas incidencias y problemas se venían produciendo con el sistema de depuración" de la cárcel, "no adoptó las medidas que hubieran resultado precisas a fin de evitar la continuidad de los vertidos" y, en consecuencia, "la grave afectación para el equilibrio del ecosistema". Y ello pese a haber sido "reiteradamente" advertido de la "ilegalidad" de las emisiones.

En los tres altos cargos de CHG, el magistrado observó la misma conducta "omisiva", pues entiende que tenían capacidad para haber puesto fin a los vertidos. Concretamente, respecto al presidente, el juez recordaba que ostenta el cargo desde 2012 y que es el "responsable último" de todas las decisiones adoptadas en relación con los vertidos. Concluyó así que "fue igualmente conocedor" de la situación que venía produciéndose, "sin que conste que llegara a realizar en el ámbito de sus competencias actuación alguna tendente a solucionar aquella". Esas actuaciones "tampoco fueron llevadas a cabo" supuestamente por los otros dos altos cargos. Ambos "se abstuvieron de adoptar medida alguna tendente a evitar el daño medioambiental que de tal forma se venían paulatinamente ocasionando". Y ello pese a que las emisiones "de forma constante superaban los límites establecidos por la correspondiente autorización administrativa".

Por contra, la fiscal del caso mantiene que la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, de la que Enrique Caracuel tomó el mando en enero de 2012, "impulsó y realizó, para la reparación y mejora de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), los oportunos trámites y gestiones" que finalmente llevaron a promover una modificación del Plan de Adecuación de los Centros Penitenciarios. A partir de ahí, la obra de remodelación de la EDAR (que tuvo un coste de más de 800.000 euros) se licitó y fue adjudicada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA). Al finalizarla, Caracuel "instó" a realizar analíticas "con mayor asiduidad que las previstas para otros establecimientos, a fin de verificar que la obra ejecutada "respondía al proyecto y cubría las necesidades" del penal. Incluso llegó a pedir que se hicieran analíticas "diariamente". Sostiene la fiscal así en este punto que "el control directo de los vertidos no estaba dentro de su competencia ni fue tampoco el órgano de contratación de las obras realizadas en la EDAR".

En cuanto a los altos cargos de la CHG, recuerda que el presidente tomó posesión del cargo en marzo de 2012 y que la Ley de Aguas "no atribuye al presidente del organismo competencia directa en el control de vertidos de aguas residuales". Sobre el jefe de Calidad de Aguas, enfatiza que "ha dirigido diversos requerimientos para que mejorase el rendimiento de la EDAR y ajustase el vertido a las condiciones bajo la que fue otorgada la autorización". Por último, en lo que respecta al comisario de Aguas, que ocupa el puesto desde enero de 2013, indica que propuso la resolución favorable a la renovación de la autorización de vertidos tras las obras en la EDAR a tenor de un informe "que constataba el funcionamiento adecuado" de ésta. Ninguno de ellos, a su juicio, tendría culpa en los vertidos.