Con el frío a la vuelta de la esquina, los cortes de luz en la zona Norte empiezan a acechar a los vecinos del castigado barrio. Inmersos en un bucle que no parece tener fin, los vecinos de la zona Norte se enfrentan un año más a uno de los problemas más complejos que padece la ciudad. Hay tantos factores de fondo implicados en este escenario que, a día de hoy, ninguna administración ha sido capaz de solucionar este rompecabezas.

La cuestión es tan sencilla como compleja. Los fusibles de los transformadores de la luz de la zona Norte están cristalizados de soportar tantas sobrecargas de tensión, lo que hace que estos equipamientos ardan dejando sin luz a familias enteras que cada mes pagan religiosamente su recibo.

Estas sobrecargas están motivadas por una desmedida bolsa de fraude en cuyo origen están los enganches ilegales con los que se mantiene una ingente 'industria' relacionada con las plantaciones de cannabis en viviendas.

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato para terminar con el problema? La complejidad de la situación radica en la necesidad de coordinación de numerosas instituciones y organismos. A saber: policía, jueces, los servicios sociales, el Ayuntamiento, la Subdelegación, la Junta de Andalucía, la empresa de la luz, el defensor del ciudadano... Un sinfín de vértices que deben confluir en una sola voz.

Aunque el camino para encontrar la solución está claro, hasta ahora Granada ha sido incapaz de dar respuesta al problema. De ahí que el nuevo equipo de gobierno del PSOE se haya propuesto retomar el tema antes de que llegue el invierno dándole un nuevo impulso en el marco del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).

Para ello, están trabajando en varias líneas de actuación. La primera, que se está desarrollando con la Facultad de Trabajo Social, consiste en crear un mapeo de datos en el barrio "para no trabajar con intuiciones". De esta forma las administraciones sabrán exactamente qué viviendas son las afectadas por los cortes, cuántas de ellas pagan la luz, cuántas no la pagan, cuántas queriendo pagar no lo hacen por no poder asumir los recargos de muchos años atrás, etc. Este trabajo de campo dará lugar a un informe técnico y otro que marque la evolución de la ciudadanía. Con los dos documentos sobre la mesa se llevará a cabo una reunión extraordinaria con todas las administraciones implicadas para intentar dar soluciones a esta insoportable situación.

"Todo el mundo se esconde detrás del cultivo ilegal, de los enganches ilegales pero detrás de toda esta situación hay, por ejemplo, un profundo problema de pobreza energética", apuntan desde el ICI. La segunda línea de actuación, según explica la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, pasa por apoyarse en un mediador, una persona especialista en mediación social ajena al problema de Granada. Un profesional sin implicaciones ni intereses que ha trabajado en casos similares por toda España. Aunque todavía no se conoce el nombre de la persona, el Ayuntamiento está en conversaciones con un especialista de Barcelona que conoce el caso de Granada ya que un grupo de trabajadores sociales de la capital acudió hace unos meses a la Ciudad Condal a un curso de formación y le expusieron la problemática de Granada. El proyecto tiene una dirección científica y está enmarcado en el proyecto de intervención comunitaria intercultural promovido por la Fundación La Caixa desde el año 2010 con el objetivo de lograr la generación de un nuevo modelo de intervención social para la gestión de la diversidad cultural y la promoción de la convivencia ciudadana.