El alcalde de Granada, Paco Cuenca, tendrá que declarar ante el juez el próximo día 12 de diciembre... él y otros nueve exdelegados de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía que ejercieron su cargo entre los años 2010 y 2011.

El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla los ha citado como investigados en una causa abierta desde el año 2013 por adjudicar contratos a particulares. La investigación comenzó tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, quien alertaba de que se había adjudicado a una consultora externa, a particulares, la labor de inspección de los cursos de formación en Economía Social, cuando esta tarea deben realizarla los funcionarios públicos.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) esta práctica podría suponer la usurpación de las funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores. Los hechos podrían suponer los delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación. Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales, como es el contrato menor, que puede ser de adjudicación directa y alterar el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.

Pero hay más. el instructor señala que, además, la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, "posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas". Esos documentos "cuentan con membrete oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo", relata el juez, y aparecen firmados por los contratistas bajo la rúbrica donde dice "por la administración". De esta forma en el expediente administrativo queda "materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración Autonómica", dice el instructor.

En los hechos se investiga a las personas que ocupaban en 2010 y 2011 el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada y a los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.

José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla (donde se instruye el caso de los ERE irregulares y varias macrocausas) ha decidido ampliar el número de investigados a los delegados de la Consejería en varias provincias andaluzas en 2010 y 2011 y los ha citado a declarar entre noviembre y diciembre.

En concreto el alcalde de Granada, Paco Cuenca, está citado para el día 12 diciembre, el mismo día que el juez ha llamado a Ana María Barbeito, exdirectora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, que ya ha declarado como investigada.

El alcalde, Paco Cuenca, dijo ayer que está "tranquilo" y quiso trasladar la misma sensación a los ciudadanos. "Los granadinos pueden tener la completa seguridad sobre la honestidad de este alcalde" y añadió que esta citación será una oportunidad para demostrarlo.

Cuenca intuye que se está hablando de cuestiones técnico jurídicas y de procedimiento y detalló que las pesquisas judiciales se iniciaron por las actuaciones de la delegación en Almería y posteriormente se amplió a todas las provincias en una fecha en la que "efectivamente" él era "delegado de Innovación en Granada".

Sobre su citación ante el juzgado mostró su total disposición a colaborar con la justicia "como he hecho siempre, porque no tengo nada que esconder. La noticia pilló al alcalde en Madrid en una reunión de trabajo en el Ministerio de Cultura. "Noticias de este tipo generan una especial inquietud y, por esa razón, mi interés principal es ofrecerles toda la información que pueda conocer, mantenerles al tanto del desarrollo de las actuaciones judiciales en lo que a mi persona se refiere y dejar de manifiesto la inexistencia de cualquier ilícito penal en mi actuación", dijo.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, restó importancia a la decisión del Juzgado de citar como investigado a Cuenca ya que obedece a "un tema puramente administrativo sobre la idoneidad de unos unos empleados públicos, para llevar a cabo un trabajo".