Las drásticas limitaciones impuestas por el Gobierno de España para la contratación de personal público durante estos años de crisis han producido daños desiguales en las universidades españolas, que en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan y sus circunstancias particulares han sufrido más o menos la situación. La de Granada, con un recorte del 6,11% de su personal docente e investigador, está en la lista de las más perjudicadas del país.

Este grupo de universidades más damnificadas son aquellas cuyas reducciones de profesores e investigadores están por encima de la media nacional, que es del 4%, según la clasificación realizada por la conferencia española de rectores en su informe anual (La Universidad española en cifras).

En este trabajo se analizan los datos de las universidades públicas presenciales entre los años 2010 y 2014, en los que la crisis se hizo más patente y se produjeron los recortes más importantes.

Según este informe, "la reducción de la financiación pública ha mermado de manera generalizada la capacidad productiva de las plantillas universitarias". En España se han destruido más de 7.500 empleos en ese ámbito, de los cuales, en Granada se han perdido unas 330 plazas en ese mismo periodo. Este último dato se extrae de la propia memoria de la Universidad de Granada, referente a esos años marcados en el informe nacional.

Aunque el recorte de personal en el ámbito nacional es generalizado, tanto entre el personal docente (PDI) como entre el de administración y servicios (PAS) que trabaja en las universidades, en el caso de la UGR, la reducción de plantilla se ha focalizado en los profesores, pues las fluctuaciones anuales del PAS no han tenido una tendencia claramente a la baja.

El estudio de la conferencia de rectores atribuye a la UGR una merma de personal docente e investigador en esos años del 6,11%. Aunque supera la media nacional y por eso aparece en la fatídica lista de las más perjudicadas por la crisis, está lejos del problema padecido por otras universidades españolas, que rondan el 20% de recortes de docentes.

Las instituciones docentes catalanas son las que más han padecido mermas de sus plantillas, ya que cuatro de las siete existentes están en la lista. Además de las restricciones legales impuestas en todo el territorio nacional para nuevas contrataciones, algunas comunidades autónomas han llevado a cabo unos importantes recortes económicos que han afectado a los presupuestos de cada institución universitaria. La Universidad Pompeu Fabra ha perdido el 23% de su plantilla entre 2010 y 2014.

Respecto a Andalucía, también 6 de sus universidades están entre las más afectadas por la crisis, por lo que esta Comunidad es también una de las que aparece peor parada por la crisis. La institución peor situada es Jaén, con un recorte de plantilla docente del 14%. Huelva y la Pablo de Olavide también superan el 10% de reducción y también por encima de Granada está Sevilla, con un 7,41% menos de docentes. Málaga también aparece en los últimos puestos, con un recorte de personal del 5,28%.

La principal traba que han tenido estos años las universidades para mantener sus plantillas ha sido la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central. Durante los primeros años de la crisis fue del 10%, lo que significa que las instituciones docentes solo podían reponer una de cada diez bajas que se produjeran.

En universidades como la de Granada, en las que la media de edad de sus docentes es muy elevada (es de 50 años), es normal que se produzcan bastantes jubilaciones cada año, lo que ha agravado más el problema, al no poder reponer esa marcha.

Esa férrea tasa se ha ido flexibilizando más tarde, al pasar al 50% y actualmente está en el 100%. Ahora la Universidad puede cubrir todas sus bajas de funcionarios, pero no puede incorporar a más.

Pero la plantilla de la UGR comienza a ver los brotes verdes, pues según la memoria académica anual, el curso pasado fue el primero desde 2010 en el que se paró el descenso de personal docente e incluso hubo un pequeño repunte de 72 puestos de trabajo, que se espera mayor en el próximo año, cuando se contabilicen las recientes convocatorias e incorporaciones de personal.

Esta nueva dinámica creciente se debe a la decisión de la Junta de Andalucía de permitir a las universidades abrir la puerta de la contratación de profesores con la figura de ayudante doctor. Al no ser funcionarios, no están sometidos al límite de la tasa de reposición, que no permite crecimiento.

En el último curso (2015-2016) el funcionariado de la UGR volvió a decrecer en 58 profesores, pero la incorporación de 130 contratados ha compensado para que por primera vez en muchos años el balance sea positivo.

En los últimos meses, la UGR ha propuesto la contratación de otros 120 docentes, 78 como ayudantes doctor y 42 profesores asociados a tiempo parcial. Por primera vez se incluyen contratos por necesidades de investigación, una nueva opción que ofrece el Gobierno andaluz.

A esto hay que sumar las 63 plazas de la oferta pública de empleo aprobada en la primavera pasada para este curso, pero que sí está condicionada por la tasa de reposición del 100%.