El equipo de peritaje técnico y jurídico encargado, a petición del Juzgado de Instrucción número seis, de estudiar si el Centro Comercial Nevada se ajusta a la legalidad ha emitido un informe con unas conclusiones realmente contundentes. La que más, ésta: necesariamente hay que tomar la decisión de demoler el edificio, total o parcialmente, habida cuenta del "cúmulo de sucesivas irregularidades" supuestamente cometidas.

El informe, de más de 300 páginas, es realmente exhaustivo y se detiene a analizar el asunto desde todos sus ángulos, llegando casi siempre a la misma conclusión: las cosas se hicieron mal desde el principio. Desde el procedimiento seguido para la aprobación y reforma de las figuras del planeamiento urbanístico que afectan a los terrenos donde se asientan, hasta la tramitación de los proyectos que se presentaron, tres en total, pasando por aspectos tan significativos como su altura o los metros cuadrados de superficie construida.

El equipo de peritaje técnico ha estado dirigido por los catedráticos de Urbanismo José Luis Gómez y Luis Moya, ayudados por el profesor de Urbanismo y arquitecto David Cabrera y el también arquitecto Fernando Osuna. La comisión jurídica la integraron el abogado Jesús María Hidalgo y los profesores de Derecho Administrativo María Asunción Torres, Ignacio Jiménez y Rafael Barranco.

Varios son los motivos que llevan a los especialistas a pensar que el Nevada no sólo podría, sino que debería ser demolido. Lo definen, de entrada, como un "edificio enorme que ocupa 123.000 metros cuadrados de la Vega y contiene 275.000 metros cuadrados construidos sin cumplir la legalidad urbanística vigente", tras lo cual menciona que las zonas dotacionales, verdes y de servicios previstas por el planteamiento vigente "y anuladas con su ocupación por la construcción", ascienden a 11.866 metros cuadrados.

"Las zonas dotacionales que se debían haber dispuesto, deberían haber supuesto como mínimo 22.405 metros y, sin embargo, no llegan a 4.200", dice textualmente el informe, que agrega que el actual proyecto, elaborado por el arquitecto Justo Rico Amat y en la actualidad paralizado por orden judicial, ocupa una superficie de suelo no urbanizable de 20.364 metros "que destina a aparcamientos".

Hace hincapié, además, en que la construcción ocupa "haciéndolo desaparecer" el camino público llamado Camino Viejo de Alhendín, de unos mil metros cuadrados. En conjunto, concluye, el peritaje cuantifica una pérdida, entre suelo público y no urbanizable, de 39.564 metros cuadrados. Y eso, acota, si sólo se atiende al mínimo fijado por la legislación. "Pero nos encontramos con un proyecto de enorme tamaño y gran intensidad de uso, para el que adoptar una lógica de mínimos resulta inadecuado", añade.

Las conclusiones de los técnicos van más allá y detallan que el proyecto "debería de haber tenido en cuenta en mayor medida las recomendaciones e indicaciones del Potaug de Granada" y menciona la supresión de un vial municipal a cuenta de la obra como "un ejemplo de cómo el interés general ha cedido a favor de un interés meramente local y particular".

Sobre los estudios de tráfico realizados, los peritos creen que han estado "muy lejos de valorar el impacto sobre la movilidad en automóvil" generada por el Nevada y estiman que el centro comercial provocaría una "congestión" en la autovía de circunvalación "que supondría un elevado coste social" y que se sumaría a la "congestión" provocada por las actividades intensivas del entorno.

Respecto a las dimensiones, el dictamen habla de la rasante, que se fijó "de tal manera que resulta que el techo del llamado sótano está a 4,80 metros por encima del nivel de la calle" y que eso ha supuesto que se consideren "no computables" unos 8.000 metros.

Asimismo, pone el acento en que, entre los años 1996 y 2006, el Nevada "ha ido creciendo en altura, superficie, metros construidos y volumen de plantas destinadas a uso comercial". En altura se pasó de los 3,30 metros iniciales a los 17,70 de ahora. En superficie, de 66.805 a 122.955 metros cuadrados. Y en superficie construida, de 60.994 a 167.748.

Por todos los argumentos anteriores, los peritos entienden que la demolición, total o parcial, es la solución. "Desde un punto de vista jurídico, procedería que el juez acordara la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y de espacios libres, amparado en una licencia urbanística que no puede legalizarse si no es modificando el planeamiento general", asegura, aunque, desde el punto de vista técnico y urbanístico, abre la posibilidad de un derribo parcial si se orienta "a la creación de un anillo verde entre el Nevada y las viviendas colindantes".