Cámaras de vigilancia para controlar el tráfico, cámaras para proteger los establecimientos comerciales, cámaras en los organismos oficiales y hasta en los centros escolares. El Gran Hermano vigila muchos de nuestros movimientos y ahora también los viajes en taxi.

Algunos profesionales del sector, hartos de sufrir robos y agresiones, han decidido instalar en sus vehículos sistemas de videovigilancia para, en primera instancia, persuadir a los posibles ladrones de sus planes delictivos y, si la infracción se comete finalmente, tener constancia gráfica del autor para una posible identificación.

Sin embargo, estas actuaciones vuelven a levantar la polémica de si las cámaras interfieren en la vida privada e intimidad de los ciudadanos, sobre todo, tratándose de un servicio público.

"En Granada hay unos pocos taxistas que incorporan las cámaras de videovigilancia, pues aún no está definido si se trataría de una medida legal", explica el presidente de la Gremial del Taxi de Granada, Manuel Cebrián, quien estima que el número de profesionales que han instalado "por su propia cuenta" estos sistemas no alcanza la decena.

No obstante, el organismo profesional considera que las cámaras de videovigilancia ayudarían en la reducción de la inseguridad de los profesionales del taxi. "Sería una buena idea, porque si se puede grabar, los delincuentes se abstendrían algo más", asegura Cebrián.

Más rotundo se muestra el presidente de la Confederación del Taxi de España, José Artemio Ardura, quien puntualiza que la grabación por medio de cámaras de seguridad estaría permitida en el interior del vehículo. "Dentro de los negocios y tiendas, cada propietario puede grabar lo que pase en su local; con los taxis ocurre igual", alega. Ahora bien, Ardura añade que siempre debe existir un cartel que informe de que el cliente está siendo grabado y que no se enfoque la calle.

"Donde sí existen mayores dudas es sobre si las imágenes pueden ser vistas o si deberían ir directamente a una caja negra, que sólo se abriera en caso de que lo ordenara el juez", comenta el presidente nacional del gremio.

Por su parte, la Fiscalía de Granada muestra mayores reticencias hacia la medida. Aunque el órgano judicial sólo es competente cuando en la videovigilancia intervienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuestiona "dónde está el límite de la privacidad dentro de los taxis", según señalan fuentes del Ministerio Público. El mecanismo de funcionamiento es el habitual en estos casos: unas pequeñas cámaras toman imágenes del interior del vehículo y los pasajeros que en él viajen, que son enviadas a una centralita, donde son destruidas semanalmente, salvo que el taxista requiera su visualización porque haya sufrido algún tipo de agresión, según explica el presidente de la Gremial.

Este servicio de protección supone una inversión de alrededor de 1.200 euros, más las cuotas periódicas a la empresa de seguridad pertinente, cuantía que es aportada íntegramente por los taxistas granadinos que han decidio instalar el sistema de grabación.

Dado el alto precio que deben pagar los profesionales por el servicio de videovigilancia, la Confederación del Taxi de España apuesta por adoptar, en su lugar, un plan de seguridad integral: "Siempre vamos a estar a favor de cualquier sistema de seguridad que se implante, aunque puestos a gastarse el dinero, consideramos más efectivo el sistema de gestión de flotas integral", asegura Ardura.

Este proyecto permite controlar en todo momento la localización de los vehículos de la flota o escuchar todo lo que se hable dentro del taxi, entre otros servicios. Aunque su precio (que oscila entre los 1.600 y los 2.000 euros por coche) es mayor que el de la instalación de las cámaras, ofrece una protección más completa para los profesionales. En este caso, el sistema de gestión integral de flotas tiene que ser instalado colectivamente.