Cuando se cumplen tres años del desplome de una estructura metálica en un viaducto en construcción de la autovía A-7 en Almuñécar (Granada), en el que murieron seis trabajadores, la UGT y CCOO han criticado el retraso que acumula la investigación judicial de este trágico siniestro laboral.

Estos sindicatos, personados en la causa y que mañana se concentrarán para honrar la memoria de los fallecidos, han lamentado que la instrucción, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar, todavía no haya concluido y tampoco se haya llegado al esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.

La UGT ha solicitado en este sentido la "máxima celeridad" para que el proceso pueda concluirse "de una vez por todas" y que las partes puedan ya formular sus correspondientes escritos de conclusiones provisionales de cara a la apertura de juicio oral, ha señalado su secretario general en Granada, Mariano Campos, quien lamenta que el caso se encuentre "en parálisis absoluta".

"Instamos a la conclusión del sumario porque una justicia lenta nunca podrá ser justa", ha comentado el responsable sindical, al tiempo que ha denunciado que el Poder Judicial no tuviera en cuenta que el traslado del juez que instruyó inicialmente la causa -de una altísima complejidad técnica- pudiera influir en la demora del caso.

El que fuera titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar se encargó hasta diciembre de 2007 de la investigación del caso, hasta que pidió su traslado y fue sustituido por una jueza, han informado a Efe fuentes judiciales.

Aunque CCOO ha interesado recientemente la práctica de nuevas pruebas periciales, así como la declaración de nuevos imputados y testigos, entre estos últimos la de las personas que presenciaron el accidente, coincide con la UGT en criticar el "excesivo" retraso de la investigación.

"Hemos pedido más informes porque lo que hasta ahora hay no dice ni demuestra nada", ha declarado el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA) de CCOO de Granada, Francisco Quirós, quien cree que los imputados en la causa "están pasándose la pelota de unos otros".

Los sindicatos han mostrado además su oposición a un informe técnico incorporado a la investigación que concluye que "desde el punto de vista técnico" el tipo de rotura acaecido en el accidente se puede calificar como "imprevisible o no predecible", y advierten al respecto de que fue encargado por una parte implicada.

A raíz de conocerse el referido informe -a principios del mes pasado-, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, insistía en señalar que será la Justicia la que determine las causas del desplome del viaducto, por el que están imputados responsables de su propio Ministerio y de las empresas encargadas de la obra.

Por esas fechas, se reanudó la construcción del vial de la autovía sobre el río Verde, en el término municipal de Almuñécar, en el mismo punto donde ocurrió el siniestro laboral, según comprobó Efe.

Las obras preparatorias se iniciaron varios meses atrás con la construcción de los arcos de apoyo en forma de semicírculo y más tarde se instaló una nueva autocimbra -similar a la que se desplomó-, iniciándose además el proceso del encofrado.

Recientemente se terminaba también el proceso de hormigonado de lo que será el vial por el que circularán los vehículos en dirección a Almería en la futura autovía del Mediterráneo A-7, que ya tiene en obras todos sus tramos pendientes en la provincia de Granada.

El accidente se produjo en la tarde del 7 de noviembre de 2005 y en él murieron cinco trabajadores portugueses y un español y otros tres resultaron heridos.

La obra había sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- que subcontrató parte de los trabajos a la gallega especializada en viaductos Estructuras y Montajes de Prefrabricados, que, a su vez delegó parte en la portuguesa Douro Montemuro.