Granada

Los jueces ven difícil que la causa de Garzón siga en las salas territoriales

  • Argumentan que la persecución de los autores para su castigo ya no es factible · Córdoba no seguirá con el proceso de exhumación de Luis Dorado

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de trasladar la causa del franquismo a los juzgados territoriales -entre ellos a la Audiencia Provincial de Granada- no constituye, en opinión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, una huida del magistrado sino "un intento por evitar la paralización del proceso".

Sin embargo, el camino no va a resultar sencillo. De hecho, el Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba ya anunció ayer que no continuará con el proceso de exhumación de los restos del diputado socialista Luis Dorado Luque al no contar con denuncias particulares y está a la espera de recibir la inhibición sobre la apertura de fosas comunes del juez Baltasar Garzón para cerrar el proceso.

Fuentes judiciales indicaron que dicho juzgado sólo cuenta con un exhorto de Garzón para facilitar el proceso de apertura de fosas, si bien la inhibición del magistrado en el caso ha motivado la paralización del proceso.

Varios expertos han analizado las dificultades que se plantean ahora, entre ellos el catedrático de Derecho Penal José Miguel Zugaldía, que cuestionó ayer la competencia de los juzgados territoriales, decisión que para asesores de las exhumaciones alargará el proceso.

Zugaldía, ex decano de la Facultad de Derecho de Granada, considera que si Garzón no tiene competencias como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, será "muy difícil" en su opinión que la tengan los instructores de otros juzgados.

"El juez de instrucción no es un coadyuvante ni un engranaje de la ley de Memoria Histórica, sino un miembro del poder judicial encargado de la averiguación y persecución de los autores para su castigo", y en este caso, precisa, la persecución de los autores ya no es factible.

Zugaldía cree que "las heridas de las dos Españas" quedaron "relativamente bien cerradas tanto por la ley de Amnistía como por la ley de reforma política y la Constitución", y que para lo que queda pendiente de resolver está la ley de Memoria Histórica. "Intentar cerrar heridas por lo penal me chirría un poco", ha dicho el catedrático, que no ve "la forma de enganchar jurídicamente el cierre de las heridas de la Guerra Civil con el derecho penal".

Aunque el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, evitó pronunciarse sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cuatro comunidades autónomas sí lo han hecho: en la misma línea que Zugaldía, ven complicado que se pueda continuar la investigación por una sencilla razón: los responsables están muertos.

Así se pronunciaron ayer los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña y Aragón. En unas jornadas sobre Justicia y Comunicación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Valencia, el presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, sentenció que "no se puede investigar por investigar, hay que buscar responsables".

Lo que dicta la norma es que los jueces de instrucción estudian hechos delictivos imputables a una o varias personas y si el responsable ha fallecido la causa debe archivarse de forma automática porque no se les puede sentar en el banquillo. "Los jueces investigamos delitos, no situaciones", recalcó De la Rúa.

Los jueces tampoco entienden el motivo por el que Garzón se declara incompetente para investigar este causa y se inhibe en favor de los juzgados locales dado que estos se toparán con la misma problemática. "Me llama la atención esta decisión.

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