En muchos centros de Primaria de la provincia de Granada todavía perduran crucifijos colgados en sus paredes, cuadros con la imagen de alguna purísima, sagrados corazones en las puertas o esculturas de santos o personajes bíblicos en sus dependencias. Es difícil encontrarlos coronando la pizarra de un aula, pero no tanto presidiendo el hall de un colegio, como parte de la decoración de un claustro de profesores, en el despacho de un directivo o en el pasillo camino al patio.

Desde hace una semana estos emblemas han vuelto a cobrar protagonismo. La primera resolución judicial en España que obliga a la retirada de los símbolos religiosos de un colegio público de Valladolid ha provocado que todos los estamentos de la sociedad se planteen si es idóneo o no mantenerlos.

Tras un par de titubeos por parte del Ministerio de Educación, la titular en Andalucía, Teresa Jiménez, no tardó en defender "la retirada inmediata en los centros educativos públicos andaluces de todo símbolo que pueda vulnerar la libertad religiosa de cualquiera de los miembros que conforman la comunidad educativa".

Sin embargo, no es tan fácil llevar a la práctica un mandato como éste. Si no, que se lo digan a la directiva del colegio público Gallego Burín, que tiene un enorme crucifijo a la entrada del colegio y por más que sus profesores han tratado de quitarlo no han podido despegarlo de la pared. Este centro es un ejemplo de la diversidad que integra el alumnado de las aulas andaluzas, pues cuenta con más alumnos inmigrantes que nacionales.

Más allá de la anécdota, la batalla contra la presencia de símbolos religiosos en las aulas públicas se ha vuelto a recrudecer, sobre todo en los centros de Primaria de Granada, que se asientan sobre edificios con una larga tradición católica. El colegio José Hurtado, el San José o el instituto Padre Suárez, por citar algunos, tienen entre su patrimonio cultural imágenes cristianas.

La Iglesia y con ella los directivos de los colegios concertados han hecho frente a esta sentencia judicial pionera porque entienden que, aunque el Estado español es aconfesional, la mayor parte de su población es católica y tiene derecho a mantener sus representaciones en los centros educativos, una posición que secunda el Partido Popular. Su presidente andaluz, Javier Arenas, arremetió el jueves contra los políticos que "abogan por eliminar los símbolos religiosos de las aulas y luego corren a presidir cofradías".

Por su parte, los sindicatos mayoritarios de enseñanza, como son CCOO, UGT, CGT o APIA, recuerdan que en estos centros conviven escolares católicos con evangelistas, protestantes, testigos de jehová, musulmanes, judíos, agnósticos y ateos, entre otros, y que "es una falta de respeto hacia ellos imponer símbolos de una sola confesión".

Entre los que aplauden la sentencia del juez de Valladolid, los hay que entienden que esta polémica es el germen de un debate que se ha pospuesto hace demasiado tiempo: sacar la religión de la educación reglada pública. Cuando casi todos los informes muestran la falta de formación de los escolares españoles, un sector de la sociedad demanda que las horas que se dedican a impartir religión católica se destinen, por ejemplo, a matemáticas o lengua.

Pero esto no significa que los inspectores, docentes o políticos tengan que esconder a partir de ahora el crucifijo que cuelga en su pared.