El Juzgado número 2 de Almuñécar ha concluido la fase de instrucción del accidente laboral ocurrido durante la construcción de la A-7 a su paso por Almuñécar en noviembre de 2005, un suceso que costó la vida a seis obreros y por el que imputa a doce trabajadores del Ministerio de Fomento y de las constructoras.

En el escrito, la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar sostiene que los doce imputados pudieron cometer un delito contra la seguridad de los trabajadores, otro de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes. El auto, contra el que cabe recurso de reforma en un plazo de tres días y de apelación en cinco días, convierte el caso en procedimiento abreviado y previsiblemente desembocará en un juicio contra los implicados, previo pronunciamiento del ministerio fiscal.

Entre ellos se encuentran Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, y Pablo Jiménez Barreda, ingeniero director el Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay de la A-7.

Los otros diez ocupaban distintos cargos -ingeniero, coordinador de seguridad, técnico en prevención, jefe de obra, capataz...- en la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura, adjudicataria de la obra y formada a su vez por las compañías Azvi, Proder y Obras Subterráneas, o en otras empresas más pequeñas, como la gallega Estructuras y Montajes Prefabricados o la portuguesa Dauro Montemuro, a las que subcontrató determinados servicios.

Los seis trabajadores -cinco portugueses y un español- fallecieron al desplomarse la cimbra utilizada en la construcción del viaducto sobre el Río Verde. La juez sostiene que el colapso de esta estructura metálica, a la vista de distintos informes técnicos, se debió a un mantenimiento insuficiente, entre otros factores.

De hecho, entiende que ni el estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento ni el Plan de Seguridad y Salud de la UTE La Herradura contemplaban la revisión de la autocimbra.

Tampoco hay constancia, según la juez, de que el personal de la UTE revisara habitualmente la estructura ni de que esa labor estuviese encomendada al personal acreditado, "contradiciendo las propias directrices del coordinador de seguridad de las obras".

Por ello, concluye que las instrucciones para el mantenimiento y control de la cimbra eran "insuficientes", que la empresa contratista no siguió un plan sistemático de control y seguimiento del estado de los equipos y que una de las subcontratadas, Estructuras y Montajes de Prefabricados S.L., no controló que hubiese inspecciones o revisiones de la estructura.

En cuanto al Ministerio de Fomento, indica que, como promotor de la obra, debió encargarse de garantizar las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la obra.

Sobre la causa del colapso de la cimbra, apunta que comenzó en la unión entre el marco trasero de la batería izquierda y el cordón inferior derecho del módulo adyacente de la batería simple, lo que causó la rotura en una de las soldaduras, y ello se debió "al aflojamiento de una tuerca de uno o varios tornillos de unión entre el marco trasero y el cordón inferior derecho".

De hecho, los informes atestiguan que tanto los tornillos de unión entre módulos como las uniones soldadas en el marco trasero son elementos que, de fallar, pueden producir su colapso.

Sin embargo, en el manual de instrucciones de la autocimbra son "escasas e insuficientes" las indicaciones con respeto a la comprobación del estado de las soldaduras y de las uniones atornilladas y no se especificaban cómo y con que materiales había que revisarlas.

La juez mantiene además que cuando se produjo la avería en uno de los cables eléctricos del sistema de desplazamiento de la autocimbra, debió ser desalojada "inmediatamente", pero media hora después, cuando se precipitó al vacío, había sobre la misma cinco encofradores, junto a los electricistas que intentaban reparar el fallo.