La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) se ha posicionado en contra de la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología tras analizar el borrador que presentó el 11 de febrero el Ministerio de Ciencia e Innovación, porque "no cumple la Carta Europea y contraviene los puntos de acuerdo que parecían haberse alcanzado entre representantes del Ministerio y la propia FJI, con anterioridad", según declaraciones de la granadina Cecilia Galindo, presidenta de la FJI a Granada Hoy.

El documento, elaborado por un grupo de 25 expertos constituido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en julio de 2008 recoge las conclusiones de seis meses de trabajo. Una de las novedades que incorpora es la anexión de los principios de la Carta Europea del Investigador, sin embargo, Galindo defiende que la Carta indica que "la carrera del investigador debe empezar al inicio de la actividad investigadora; es decir, después del grado" y en el borrador se establece que "comenzará una vez defendida la tesis y con tres años más de trabajo investigador". De este modo se retrasa la fecha del inicio de la carrera profesional de los investigadores siete años respecto a la Carta Europea.

Durante estos siete años de formación (una etapa doble, pre- y postdoctoral), se contempla la posibilidad de contratos en prácticas, "lo que resulta inadmisible, así como la no aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores", objeta Galindo. Y en el peor de los casos, "la posibilidad de contratos, sin obligatoriedad, hace que incluso muchos se queden sin este contrato", resalta Nadia Martínez, vocal de Jóvenes Investigadores de Granada.

La Federación pide también la prohibición expresa de las becas como fuente de financiación del personal investigador, ya que "las becas no son más que relaciones laborales encubiertas", como explica la presidenta de FJI; y merma los derechos laborales de los investigadores que "trabajan en situaciones de peligrosidad sin la cobertura necesaria". Fruto de esta falta de seguridad y de indemnizaciones suficientes son las cuatro muertes de jóvenes investigadores españoles ocurridas en tareas de investigación sin el suficiente amparo.

En Granada son más de un 25% los investigadores que trabajan sin contrato ni beca, "aunque son más de los contabilizados, ya que muchos están realizando tesis doctorales por su cuenta, generando producción científica para el país sin que nadie les ayude a sacarla adelante", afirma Martínez.

Ante el deseo expreso de la ministra Garmendia de hacer de la carrera investigadora una profesión atractiva a los jóvenes talentos, la FJI señala que "resulta imposible esta posibilidad mientras no se igualen sus características al resto de carreras profesionales, mientras tengamos que esperar más de siete años para ser considerados profesionales y no tener el respaldo de una seguridad y una estabilidad laboral como en cualquier otro trabajo".