La inhibición de Baltasar Garzón desde el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid en favor del juzgado territorial de Granada en la causa para exhumar a Lorca ha salido de la capital "digitalizada" y "muy bien atada".

Fuentes de la Audiencia Nacional confirman que el traslado del expediente tuvo lugar "entre el jueves y el viernes" de la semana pasada, si bien ayer aún no había llegado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esto es así porque, según constatan en Madrid, el traslado tarda "unos días".

La tramitación de la trama de corrupción de la Operación Gürtel ocupó en las últimas semanas la mayor parte del trabajo de los funcionarios de la Audiencia Nacional, que apenas tuvieron tiempo para digitalizar el "voluminoso" expediente del poeta de Fuente Vaqueros. Además, han sido un total de 20 los juzgados provinciales a los que se ha remitido la causa, como los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos o los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, entre otros.

Una vez que el expediente llegue a Granada tendrá lugar el habitual reparto al juzgado correspondiente, tal y como ya ocurrió el pasado 24 de octubre cuando, tras declararse Garzón competente para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo, autorizó a Granada que iniciara o continuara la exhumación de los restos de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí Melgar.

Entonces fue el juzgado numero 2 el que recibió el exhorto. Pero Garzón también autorizó en España la exhumación de otras 18 fosas comunes, "más todas aquellas que puedan resultar".

Sin embargo, un mes después, la Audiencia Nacional desautorizaba al magistrado para investigar los crímenes del franquismo y, como consecuencia de ello, la tramitación de la exhumación del poeta de Fuente Vaqueros se paralizaba de forma irremediable.

Mientras esto ocurría, el Gobierno central ultimaba el protocolo para las exhumaciones que se comprometió a establecer en base a la Ley de Memoria Histórica. El borrador de este protocolo que regulará la exhumación de fosas de la guerra civil de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, vio la luz a finales de año, estableciendo que en casos polémicos como la exhumación de la fosa donde están los restos de Lorca -la familia del poeta se opone a la apertura, en contra de lo que piden familiares de otros enterrados allí- sería la Junta de Andalucía la que decidiría en última instancia sobre si procede o no rescatar los cuerpos.

Además, otorga a las comunidades autónomas otro papel: en caso de conflicto entre los distintos familiares y asociaciones, "la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma".