"Dotar a los centros de una mayor autonomía para avanzar en la calidad del sistema educativo" es el próximo reto al que se enfrenta la Consejería de Educación. La cuestión es cómo hacer efectiva esta reforma, que supondrá un cambio en el modelo de gestión y una nueva concepción pedagógica en los colegios e institutos andaluces, sin que la comunidad educativa se oponga a ella.

El equipo de Teresa Jiménez no quiere cometer el mismo error (ahora menos que nunca, pues se está mirando con lupa la gestión de su consejería) que protagonizó con el adelanto del curso escolar, cuando planteó el decreto sin hacer partícipes a los sindicatos de enseñanza, y ha decidido consultar a toda la comunidad educativa antes de lanzar otro órdago.

El primer "Documento para la elaboración de propuestas para el Reglamento Orgánico de los colegios de educación Infantil y Primaria y los institutos de educación Secundaria" se hizo público ayer en la web oficial de la Consejería de Educación (con dos direcciones para que profesores, alumnos y familiares den su opinión hasta junio: reglamento.infantilprimaria.ced@juntadeandalucia.es y reglamento.secundaria.ced@juntadeandalucia.es).

Es el primer paso de un cambio reclamado a gritos por la comunidad educativa andaluza pero que lleva bajo el brazo una polémica que volverá a enfrentar a la comunidad docente con el equipo que dirige la titular de Educación, pues en él se abordan una serie de artículos ya recogidos en la Ley de Educación de Andalucía (LEA, diciembre 2007) que no han sido desarrollados ni llevados a la práctica por su controversia.

Entre ellos, otorgar de un mayor poder pedagógico y de gestión a los directores de los centros, sobre quienes se pretende dejar la responsabilidad sancionadora. Así, se cita textualmente el Artículo 132 de la LEA donde en su punto 5 dice: "Los directores de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta que presta servicios en su centro". Y enumera cada uno de los supuestos en los que los directores podrán sancionar: "incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas", "la falta de asistencia injustificada en un día" o "el incumplimiento de los deberes y obligaciones", entre otros. Y pregunta a la comunidad educativa: "¿Cuál cree que ha de ser el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones que pudieran imponer los directores de los centros públicos?", es decir, aunque deja abierta la puerta a nuevas sugerencias, da por hecho que serán los directores quienes en un futuro se encarguen de asumir un papel que actualmente recae en la Administración a través de los inspectores.

De los sindicatos de enseñanza consultados, sólo UGT aplaude este cambio. "La dirección de los centros deben estar dotados de un liderazgo pedagógico, educacional y de gestión; no limitarse a la mera burocracia como ahora", explica María José Escobedo. Sin embargo, esta organización afirma a su vez que las garantías sancionadoras debe asumirlas la Administración y que los Consejos Escolares deben tener más capacidad operativa.

Ni CCOO, ni CSIF, ni APIA, ni UGT defienden la vuelta de un cuerpo de directores a los institutos. "Antes podíamos opositar a un cuerpo de directores, pero esto se suprimió. Parece que Educación quiere volver a darles muchas atribuciones al director, pero sin un control sobre su capacidad", apunta el portavoz de CSIF, Germán Girela.

Los representantes de los enseñantes afirman que van a estar vigilantes con la reforma que aborda la Junta porque se apunta claramente una reorganización de los departamentos didácticos en Secundaria. "Podrán agruparse en las áreas de conocimiento científico-tecnológica, social-lingïística y artística", cita el nuevo texto, lo que supondría dejar una quincena de materias, dirigidas hasta ahora por especialistas, en manos de tres jefes de Departamento. "Los profesores de Secundaria no son generalistas como los maestros -comenta el portavoz de APIA, Gonzalo Guijarro- y ven muy difícil tener en sus manos la gestión de horas y de materia de una especialidad que no es la suya".

Para APIA, lo más peligroso de la nueva reforma es que "la dirección tendrá en sus manos la elección del personal de un centro y las jefaturas de departamentos, pero sin mencionarse los méritos o la capacitación, como se hace ahora". Además, la duración de estos cargos, que ahora es bianual, se propone modificarlos para que estén sujetos al cargo de un equipo de dirección (4 años).