La Fiscalía presentará hoy el escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Motril en el que pide quince meses de prisión para el alcalde de Molvízar, Fermín García Puentedura (PP), por un delito de coacciones al trabajador municipal Carlos Jiménez. Se solicita, además, la misma pena para el capataz municipal Francisco Arenas García, por este caso, en el que el trabajador denunció que había sido despedido por negarse a votar al PP.

Según informó ayer Localia TV, la pena de quince años que pide la Fiscalía considera el agravante (recogido en el artículo 127 del Código Penal) de que la coacción ejercida tenía "como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental" , que en este caso se trataría del derecho a votar libremente.

El Ayuntamiento de Molvízar ya fue condenado en septiembre por el Juzgado de lo Social de la localidad a readmitir al trabajador despedido o a indemnizarlo con 12.000 euros, al considerar que se había producido un despido improcedente. El empleado manifestó que había sido retirado de su puesto por haberse negado a votar por correo al entonces candidato del PP a la alcaldía y actual alcalde, Fermín García Puentedura, en las pasadas elecciones municipales.

Una grabación realizada por el trabajador recogía una conversación telefónica mantenida con su superior jerárquico y miembro de la ejecutiva local del PP, Francisco Arenas, en la que este último le advertía de las consecuencias que podría tener que se negara a emitir su voto por correo al PP.

Ahora tanto el alcalde como Arenas tendrán que declarar ante un juez de Motril por un delito de coacciones con agravante. El Ayuntamiento del municipio ya había sido condenado anteriormente por despido improcedente por el caso de otro trabajador que tuvo que abandonar su puesto tras haberse dado de baja del PP. Además, se abrió otro proceso judicial después de que fueran despedidas dos trabajadoras sociales, presuntamente por no haber conseguido el voto para el PP de una de las personas mayores a las que cuidaban. El secretario provincial de los populares, Francisco Ayllón, manifestó en su día que se pedirían responsabilidades políticas si se demostraba por vía judicial que se había despedido a trabajadores como represalia política.