Los sindicatos llevan meses advirtiendo sobre los efectos de esta crisis en el aumento de la economía sumergida. En su última valoración de la Encuesta de Población Activa, el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, ya lanzó su fundada sospecha sobre la cada vez mayor importancia de las empresas y empleos bajo cuerda. Y el hecho de que durante los últimos meses hayan comenzado a aflorar anuncios de trabajadores en paro que se ofrecen para llevar a cabo todo tipo de chapuzas y reformas no es más que un ejemplo de que esa sospecha tiene una base muy real.

La incidencia real del Programa Temporal de Protección por Desempleo (Prodi) -más conocido como la ayuda de los 420 euros para los parados sin prestación- podría ser otro. En la provincia, apenas un tercio de los posibles beneficiarios de esta ayuda (desempleados que no reciben ni la ayuda contributiva ni ningún otro subsidio) la han solicitado desde su puesta en marcha el pasado 19 de agosto.

Las primeras previsiones anunciadas por la Subdelegación del Gobierno señalaban que alrededor de 7.500 desempleados granadinos se encontraban en situación de solicitar y beneficiarse de una ayuda que les permitiría contar con unos ingresos mínimos, vitales para las que se suponían unas economías más que debilitadas. Pues bien, desde entonces el Servicio Público de Empleo Estatal (Inem) sólo ha recibido 2.466 solicitudes procedentes de Granada. Es decir, que sólo un 33% de los potenciales beneficiarios de la ayuda de los 420 euros han acabado por pedirla de forma oficial.

¿Significa eso que no la necesitan? ¿O que no pueden cumplir con unos requisitos que, entre otras cosas, exigen tiempo libre? Porque las condiciones impuestas para recibir la prestación pasan, además de por ser menor de 65 años, estar desempleado e inscrito como demandante de empleo, haber extinguido por agotamiento la prestación contributiva por desempleo, no tener derecho al subsidio y carecer de ingresos superiores a los 468 euros, por realizar un curso de formación cuya presencia es obligatoria y que requiere tiempo y dedicación. Y aquellos desempleados que, por iniciativa propia o de su empresa, realizan su trabajo de forma extraoficial no tienen mucho tiempo para cumplir con los cursos obligatorios. ¿Por qué, si no, más de 5.000 granadinos que cumplen con estos requisitos y a los que teóricamente no se les conoce ingresos superiores a los 500 euros aún no han solicitado la ayuda?

Pese a la evidente poca aceptación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseguraron que en los próximos meses se prevé un aumento significativo de las solicitudes, ya que se está preparando la ampliación de las ayudas para los desempleados que se quedaran sin prestación ni subsidio entre el 1 de enero y el 31 de julio, ya que los 2.466 granadinos que han pedido la ayuda hasta la fecha pertenecen al colectivo que cumple estas condiciones desde agosto.

Por el momento, sin embargo, sólo 2.466 desempleados sin prestación de la provincia han pedido esta ayuda. Del total de solicitudes, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, el Servicio Público de Empleo Estatal ha aprobado 1.595, mientras que 470 han sido denegadas o archivadas y otras 301 se encuentran aún en fase de estudio. Esto significa que de todos los solicitantes, un 64,7% cumplía todas las condiciones y casi un 20% se ha quedado al margen por incumplir alguno de los requisitos contemplados.

El secretario general de CCOO de Granada apunta que otra posible razón de la poca incidencia de las ayudas de los 420 euros reside en "que no se ha hecho una buena campaña informativa desde el Servicio Andaluz de Empleo" del programa ni de los cambios introducidos poco después de su puesta en marcha para ampliarlo a los parados sin cobertura desde enero. De ahí que la organización sindical tenga previsto realizar una Asamblea de Delegados para informar sobre todo lo relavito a la ayuda, por lo que Ricardo Flores espera que "el porcentaje de solicitudes aumente progresivamente".

Asimismo, la secretaria general de UGT de Granada, Manuela Martínez, indica que "pueden existir trabajadores que teniendo derecho a la ayuda, desconozcan que pueden ser beneficiarios de ellas, por falta de información".

Con todo, el desacierto de la campaña informativa no es obstáculo para que la economía sumergida también tenga que ver en la baja cifra de solicitantes. "Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la economía granadina tiene que ver con el empleo sumergido, con la competencia desleal que practican algunos empresarios que utilizan el fraude a costa de los trabajadores", indica Ricardo Flores, que hace un llamamiento a los granadinos para que denuncien irregularidades que "empobrecen el mercado laboral".

Como en otras ocasiones, el secretario general de CCOO pidió un esfuerzo a la Inspección de Trabajo, "que debe desenmascarar a la patronal que fomenta la economía sumergida", para el control de estas situaciones.