Casi cinco años después de que Guillermo Estalin España muriera sepultado por un muro que se desplomó mientras trabajaba en la demolición de un inmueble de Cuesta de Gomérez, el caso ha llegado a juicio. Ayer se celebró la primera sesión del enjuiciamiento a los nueve acusados por la muerte de aquel obrero ecuatoriano irregular.

Una de las claves será determinar quién o quiénes fueron los responsables de la falta de seguridad en aquella demolición por ejecución subsidiaria, que se subcontrató a una empresa que a su vez la subcontrató a otra. Por eso, la versión de la directora técnica y coordinadora de seguridad, Mari Paz García, era interesante.

Aunque no tanto como la de Manuel Lorente, ex gerente de Urbanismo, para quien el fiscal pide tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y 1.440 euros por homicidio imprudente y por un delito contra la seguridad en el trabajo.

Lorente dijo que conocía "en líneas generales" el procedimiento de ejecuciones subsidiarias que aplicaba el Consistorio, pero no al detalle, y que no sabía que esa obra en concreto carecía de plan de seguridad y de proyecto técnico.

Era coordinador de Planificación Urbanística y Obras Municipales, de ahí que se le preguntara si creía que podía haber hecho algo para evitar el siniestro. "A posteriori es fácil decirlo, pero por entonces yo era una mínima pieza dentro de un engranaje". Añadió, según informó Efe, que en el proceso intervinieron varias áreas municipales, no sólo la suya.

Admitió como "posible" que el pliego de condiciones contuviera "algún vicio", pero entiende que los funcionarios se limitaron a cumplirlo y que ese pliego establecía que recaía sobre el contratista la designación de la directora facultativa y coordinadora de seguridad.

Mari Paz García, que se enfrenta a tres años de prisión, cuatro de inhabilitación y multa, dijo al juez estar de acuerdo con los hechos que la han llevado al banquillo, aunque "no con las penas". Así, admitió que en la demolición no se elaboró ni un estudio ni un plan de seguridad porque, al no existir un proyecto técnico para la actuación, no era obligatorio ni entendió que fuese necesario. No obstante, García, semanas antes del siniestro, sí realizó un estudio básico de seguridad, pero "para que me cubriera el seguro y no porque fuera obligatorio".

Aclaró que, como directora técnica y coordinadora de seguridad de la obra, dependía "del Ayuntamiento de Granada", que era su pagador, aunque sus honorarios los cobraba a través de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, la empresa contratista.

García fue designada en 2001 para ese puesto, tras ocurrir otro accidente en otra obra municipal de Callejón de los Franceses. La propuso como técnico la propia dueña de la empresa contratista, Lucía Díaz, también acusada.

Los funcionarios que llevaban el control de las ejecuciones subsidiarias eran, según García, Jacobo de la Rosa y Jorge Moreno, quienes también están acusados. Con el primero, la coordinadora se entrevistó "tres o cuatro veces", si bien no sólo hablaron de la actuación de Gomérez sino también de otras obras. Al segundo sí lo veía más a menudo.

García sabía que Rehabilitaciones y Demoliciones Granada había subcontratado la obra a Construcciones Hermanos Rodríguez, aunque dijo desconocer si el Ayuntamiento sabía que existía esa subcontratación. Ella visitaba la obra "casi a diario" y alguna vez vio además en el solar a Alfonso Sances, el dueño de Obras Alsa, empresa para la que trabajaba Guillermo Estalin y segunda subcontrata para la demolición. Ver a ese empresario allí no le extrañó "porque sabía que se habían subcontratado trabajos".

Fue Lucía Díaz, la dueña de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada quien inauguró la ronda de declaraciones. Díaz reconoció los hechos pero se mostró en desacuerdo con la pena. La empresaria explicó que durante octubre, noviembre y diciembre de 2004 (mes en el que se produjo el siniestro), estuvo de baja y controlaba su trabajo desde casa por teléfono móvil.

Aseguró que en aquella época, en la que García-Royo era concejal de Urbanismo, "estaba sometida a bastante presión por parte del Ayuntamiento para que realizara muchas obras, sobre todo de rehabilitación". De hecho, en las fechas en las que sucedió el derrumbe mortal de Gomérez, "estaba ejecutando doce obras y sólo dos de ellas eran de demolición".

Díaz explicó que cuando se adjudicaron a su empresa las ejecuciones subsidiarias de la capital, se elaboró un plan de seguridad que era "genérico", sin que se realizase en la obra concreta de Gomérez (de carácter urgente por riesgo de ruina inminente) un plan específico. Reconoció así que no hubo proyecto técnico, ni estudio de seguridad ni plan; tan sólo, como señaló, hubo el antes citado estudio básico que hizo en noviembre la directora de la obra y de cuya existencia ella se enteró más tarde. En cualquier caso, recalcó, los técnicos municipales y ella estaban preocupados "en general" por la seguridad de las actuaciones. La empresaria explicó que subcontrató en septiembre de 2004 la obra a Hermanos Rodríguez ante la sobrecarga de trabajo y tras asegurarle sus responsables "que tenían experiencia en demoliciones". Ella, según aseveró, no se enteró de que éstos habían subcontratado a su vez la obra a Obras Alsa "hasta el accidente".