Manuel Lorente, el que fuera número dos de Urbanismo cuando ocurrió el desplome mortal en Cuesta de Gomérez, salió ayer de los juzgados de la Caleta absuelto, al igual que otros dos acusados: Francisco Javier Pérez, trabajador de Obras Alsa, que fue la segunda empresa subcontratada para ejecutar aquella demolición por ejecución subsidiaria, y Mario Rodríguez, uno de los propietarios de la primera subcontrata.

Las tres absoluciones se produjeron al retirar la fiscal los cargos que inicialmente había formulado contra ellos por el homicidio imprudente de Guillermo Estalin España (el obrero ecuatoriano irregular que falleció sepultado al desplomarse un muro en la obra) y la falta de seguridad que hubo en la demolición. Para los seis acusados restantes, entre los que permanecen los funcionarios responsables del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento granadino Jacobo de la Rosa y Jorge Moreno, la representante del Ministerio Público rebajó su petición de condena de tres a dos años de prisión y multa de 1.440 euros. Ahora habrá que esperar a que sea el juez de lo Penal 6 quien, en la sentencia que dicte, escriba el final del caso Gomérez.

La tercera y última sesión del juicio se centró en los informes finales de las partes. La fiscal, en una extensa intervención, justificó su decisión de exculpar a Lorente porque "era el director del servicio y no consta acreditado que hubiera podido controlar la fuente de peligro", que se generó en esta "descontrolada y no planificada" demolición, por la ausencia absoluta de medidas de seguridad.

Para la acusación pública, está claro que "el Ayuntamiento de Granada era el promotor" de la demolición del número 16 de Cuesta de Gomérez, así como que tuvo "una absoluta dejación" en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores que intervenían en la obra, que carecía de "las mínimas medidas de seguridad". Así, estableció que la muerte del obrero "no fue un accidente fortuito", sino el resultado del "riesgo" que se generó y que pudo en peligro la vida, no sólo de Guillermo Estalin, sino también del resto de trabajadores.

La fiscal aclaró que si rebajaba su petición de pena para la directora y coordinadora de seguridad de la obra (Mari Paz García); la responsable de la empresa contratista (Lucía Díaz); y el dueño de la segunda subcontrata, para la que trabajaba el obrero fallecido (Alfonso Sances), era porque han reconocido "expresamente" que existía esa falta de seguridad. Sobre el responsable de la primera subcontrata que permanece acusado (Sergio Rodríguez) y los dos funcionarios municipales Jacobo de la Rosa y Jorge Moreno, insistió en que "incumplieron una serie de obligaciones esenciales" a la hora de controlar el peligro de la obra.

La fiscal subrayó que sí debió hacerse un proyecto técnico. Era "necesario y exigible", dijo. Además de dicho proyecto, debió elaborarse "un estudio básico de seguridad" y "un plan específico", porque aquella demolición, según consideró, no era realmente una obra de emergencia (al parecer, sólo en caso de obras de emergencia la ley no exige un proyecto). Y es que, como recalcó, desde que se declaró en ruina el inmueble y se decretó su derribo por ejecución subsidiaria hasta que se acometió en 2004, transcurrieron dos años, en los que "hubo tiempo" para elaborar un proyecto. Las defensas de la contratista principal, la coordinadora y el responsable de Obras Alsa se adhirieron a lo dicho por el fiscal, mientras que, según informó Efe, las del resto de los acusados elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.

Cuando tuvo conocimiento de su absolución, Lorente se confesó muy contento y abandonó el edificio de la Caleta visiblemente feliz (no hay que olvidar que inicialmente se enfrentaba a 3 años de cárcel). Por cierto que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, acudió ayer a la última sesión del juicio. Estuvo sólo un rato y, en un acto posterior, dijo a los medios que esperaba que también se exculpase a los otros dos funcionarios procesados.