Unas 120 personas, según fuentes policiales, participaron ayer en una concentración contra la ordenanza para la Convivencia de Granada que fue secundada sin incidentes frente al Ayuntamiento bajo la vigilancia de agentes de las policías Local y Nacional con material antidisturbios.

Los participantes, cuya concentración no estaba autorizada, acudieron a la plaza consistorial con pancartas con lemas como Prohibir no es la solución, así como con juguetes, utensilios de cocina, bicicletas o instrumentos musicales, con los que armaron ruido para llamar la atención coincidiendo con la celebración, en el interior del Ayuntamiento, de un pleno municipal.

El portavoz de la asociación Rec, dedicada a trabajos de acción socio-educativa, José María Fernández, criticó la forma de emitir la ordenanza: "Ellos se la guisan y ellos se la comen, dejando de lado cualquier tipo de consejo consultivo", dijo.

Añadió que "no deja de ser curioso que esta normativa la haya hecho la Concejalía de Participación Ciudadana" sin la colaboración de colectivos sociales, y aseguró que los indigentes, mendigos, artistas callejeros, trabajadoras del sexo o vendedores ambulantes "serán los primeros en pagar sus consecuencias".

Con la protesta pretenden que el Ayuntamiento retire la ordenanza y elabore una nueva desde el diálogo, dijo Fernández, que recordó que ya se han producido sanciones y que los responsables "no son tontos y dejarán que se calmen los ánimos para comenzar a aplicarla en su totalidad y empezarán las consecuencias reales".

Por su parte, el portavoz de Anaquerando, Agustín Carmona, criticó que la ordenanza es "abusiva" y va contra los intereses de los vendedores ambulantes, que ya han sido denunciados en algunos casos.

Fuentes policiales informaron a Efe de que la concentración no estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno, si bien no se registraron incidentes pese a la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local con material antidisturbios que estuvo vigilante en todo momento a las puertas de la Casa Consistorial.

El texto normativo, que se aprobó con los votos del PP y PSOE, establece sanciones para la práctica y ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, así como conductas de mendicidad que sean "insistentes, intrusivas o agresivas" para los ciudadanos, entre otros aspectos.