Aviso a navegantes: aunque hasta ahora sólo quedan en sanciones administrativas, la realización de un grafiti sobre un edificio o monumento protegido es un delito penal y, como tal, puede ser sancionado con penas de cárcel, para lo que debe ser denunciado.

Esta es la lectura que se hace del decreto que el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, hizo público ayer. En este documento de seis folios, el experto en Patrimonio insta a las fiscalías de las ocho provincias y a las autoridades competentes a coordinarse para denunciar, perseguir y registrar estadísticamente los grafitis estampados sobre monumentos o edificaciones que sean Bienes de Interés Cultural o que dispongan de protección provisional al haberse incoado ya el expediente para la protección de los mismos.

Y lo hace porque, según recuerda en el primero de los tres fundamentos que aporta, los grafitis pueden ser constitutivos de posibles delitos de daño al Patrimonio Histórico Español, que están "castigados con penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses, además de la posible restauración del bien dañado con cargo al autor de la infracción, todo ello al margen de las responsabilidades civiles que puedan existir".

Indicios de un posible delito de este tipo es el que contempla el Ministerio Público en el caso de la pintada del Monasterio de Santa Isabel la Real, en el Albaicín, raíz de la incoación de las diligencias informativas que de oficio ha hecho públicas García Calderón.

El caso ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando dos agentes de la Policía Local sorprendieron por la noche a dos grafiteros pintando en las paredes del convento -fundado en 1501 por Isabel la Católica y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)-, lo que les valió dos multas de 3.000 euros a cada uno bajo la aplicación de la Ordenanza de la Convivencia.

La pintada de "enorme tamaño" la realizó un joven de nacionalidad francesa que, tras ser identificado por agentes de la Policía Local, fue denunciado por incumplir la citada norma municipal. Así, y tal y como señala la Fiscalía en el decreto de incoación, los policías pidieron al sancionado que les acompañara hasta las dependencias de la Policía Nacional, sin que hubiera actuación policial alguna hasta que el día 20 de noviembre los hechos fueron trasladados al Juzgado de Guardia, "sin que se formulara denuncia expresa por delito alguno" aunque "aludiéndose de forma muy genérica a la posible existencia de algunos daños en el inmueble".

Y es que, según explicó entonces el edil de Seguridad Ciudadana, Eduardo Moral, dado que el Albaicín y el centro son dos de las zonas más dañadas artísticamente, se optó por dar traslado de lo acontecido a la Policía Nacional, si bien el funcionario de guardia rehusó hacerlo por considerar que debían limitarse al ámbito administrativo.

De esta forma, tras el reparto, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada incoó las diligencias que se tramitan en la actualidad y se ha ordenado la realización de aquellas gestiones policiales que sean necesarias para lograr la "adecuada" averiguación de los hechos, la localización de los responsables y la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.

Sobre este asunto, el fiscal superior, Jesús García Calderón, considera que el grafiti realizado, por su "enorme tamaño, "puede superar la idea de un simple deslucimiento" que afecta al edificio histórico, ubicado además en el barrio granadino del Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

"Aunque el muro en el que se ha realizado el grafiti sea de construcción más reciente, podría ampararse dentro del entorno de protección que fija la ley y ello no sólo por la regulación administrativa, sino porque constituye un extraordinario y gravísimo ejemplo de contaminación visual de un entorno urbano (...)", asegura.

Pero, tal y como explica, el asunto se encuentra en el Juzgado de Instrucción 4 y, de oficio. Lo que García Calderón pide es que haya coordinación entre las fiscalías provinciales y las autoridades para establecer criterios comunes en la lucha contra los grafitis.

Por ello, acuerda poner en conocimiento de las Jefaturas de Fiscalía este decreto para que en aquellas provincias en las que hayan sido detectadas situaciones como la descrita "puedan ser conocidas" por la Fiscalía Superior e impartirse, siempre bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado a través de la coordinación en materia de Patrimonio Histórico".

Al tratarse de una materia sometida al principio de especialización funcional del Ministerio Fiscal, también da traslado del decreto al fiscal de sala coordinador en materia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Fiscalía General del Estado para que, conforme a sus atribuciones, tenga conocimiento de la iniciativa, y pueda llevar a cabo las instrucciones que estime pertinentes, comunicando el resultado de las presentes diligencias informativas.

El fiscal entiende igualmente que deben remitirse las diligencias a la fiscal jefe provincial de Granada y a la fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico para que, con la colaboración de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, convoque a representantes de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada, de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Fiscalía Superior y de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil para que, conocida la relación de Bienes de Interés Cultural existente en la provincia granadina, "establecer criterios uniformes de actuación para la denuncia, persecución y constancia estadística de aquellos daños, incluidos los grafitos, que puedan producirse sobre monumentos o edificaciones que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural".

También ordena enviarlas al fiscal de Menores, teniendo en cuenta la incidencia de esta clase de actuaciones en el ámbito de su competencia, reclama a todas las Fiscalías Provinciales del territorio copia de los escritos de acusación que hayan sido presentados a consecuencia de los grafitos realizados sobre cualquier clase de inmuebles o vehículos; así como los autos de sobreseimientos dictados en el curso de diligencias previas incoadas por hechos de esta naturaleza, así como las sentencias que, en su caso, hayan sido dictadas.