El Ayuntamiento granadino ha abierto un total de 77 expedientes sancionadores por incumplimientos de la Ordenanza de la Convivencia desde que esta entrara en vigor, hace ya dos meses. La norma, que incluye más de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones, sanciona, entre otras muchas conductas, el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros y regula cuestiones como la pegada de pancartas, el consumo de alcohol, la actividad de artistas callejeros o el comercio ambulante no autorizado.

Es en el ámbito de la prostitución donde las sanciones han sido más numerosas hasta ahora: un total de 32 impuestas a prostitutas y once a clientes, a pesar de que la vocación de la norma municipal en este punto era perseguir a los usuarios de este servicio y no a las mujeres. Además, los agentes han abierto 12 actas de información a clientes.

Según indicó el portavoz de la Policía Local, José Manuel Fernández, las multas a gorrillas ascendieron a diez, mientras que las sanciones por ruidos se situaron en nueve.

Por otra parte, el Consistorio ha abierto tres expedientes sancionadores por hogueras en la vía pública, cinco por venta ambulante, cuatro por botellones, una por miccionar en la calle, otra por acampar y la última por llevar arma blanca.

Este es el balance desde la entrada en vigor de la polémica ordenanza, en el que finalmente no están incluidas las dos denuncias a los grafiteros que pintaron el pasado 19 de noviembre un grafiti en el Monasterio de Santa Isabel la Real, en el barrio de Albaicín de Granada. Aunque entonces se anunció que tendrán que pagar dos multas de 3.000 euros cada uno bajo la aplicación de la Ordenanza de la Convivencia, finalmente esto no se ha llevado a cabo. Aunque la realización de grafitis en la vía pública está contemplada en la norma con su correspondiente sanción, en caso de que las pintadas se realicen sobre un Bien de Interés Cultural prevalece la denuncia por lo penal (dado que se trata de un delito contra el Patrimonio Histórico) y, por lo tanto, el Ayuntamiento no sanciona económicamente de forma paralela.

Por otra parte, la Ordenanza también obliga a solicitar una autorización municipal para ejercer ciertos trabajos en la calle. Así, a finales de 2009 ya ascendían a 95 los artistas callejeros y vendedores ambulantes que ya cuentan con permiso.

Cincuenta músicos, 14 mimos, diez malabaristas, 15 vendedores de artesanía -y otros productos que no afectan a la propiedad intelectual o industrial, puesto que no son falsificaciones- y seis claveleras trabajan ya sin miedo a las sanciones, que pueden llegar hasta los 3.000 euros.