El grupo municipal de IU de Granada ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza municipal de la convivencia por considerar que su aplicación crea indefensión en la ciudadanía y atenta contra derechos fundamentales.

La ordenanza, que entró en vigor el pasado noviembre, incluye más de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones, sanciona el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros y regula actividades como la de artistas callejeros o el comercio ambulante.

Desde su entrada en vigor, el Ayuntamiento (PP) ha abierto 92 expedientes sancionadores, de los que 43 han estado relacionados con el ejercicio de la prostitución en la vía pública (de ellos, 32 han ido dirigidos contra prostitutas y 11 contra clientes), según IU, que considera la ordenanza "una herramienta meramente recaudatoria" y critica que multe al "eslabón más débil de la cadena".

Según ha explicado a los periodistas la coordinadora local de IU de Granada, Maite Molina, el recurso va dirigido, entre otras cuestiones, contra los denominados "conceptos jurídicos indeterminados": la ordenanza utiliza una técnica jurídica basada en incluir conceptos sancionables que son "muy amplios, abiertos y por lo tanto ambiguos", mantiene la formación de izquierdas.

Eso hace que la Policía Local "se vea obligada a interpretar jurídicamente qué se considera delito y qué no", lo que según Molina causa "indefensión" a la ciudadanía.

Esos conceptos jurídicos indeterminados que a juicio de IU incluye la ordenanza son el que aluden a la convivencia pacífica, el que plantea sancionar las prácticas que limitan la compatibilidad de los diferentes usos de los espacios públicos y el que se refiere al uso "impropio" de los espacios públicos y sus elementos.

El grupo de IU también considera que la ordenanza vulnera la presunción de inocencia, atenta contra derechos fundamentales cuando establece la obligación del ciudadano de identificarse "en cualquier circunstancia" ante la Policía Local y regula cuestiones sobre las que, cree la formación, el Ayuntamiento no tiene competencias.

Con el recurso, IU solicita al TSJA que suspenda cautelarmente la aplicación de la ordenanza o en su defecto los artículos a los que se refiere la formación de izquierdas en el contencioso.

Se trata del secundo recurso interpuesto contra la ordenanza de la convivencia de Granada tras el presentado el pasado diciembre por la asociación andaluza de abogados y juristas "Grupo 17 de Marzo", para quien la normativa es "contraria" a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, "criminaliza a los colectivos más débiles" y puede vulnerar derechos fundamentales.