La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Diputación de Granada firmaron ayer un convenio de colaboración que permitirá que algunas personas, condenadas en su mayoría por delitos contra la seguridad vial, tengan la opción de cumplir sus penas con servicios en beneficio de la comunidad.

Según se detalla en el acuerdo entre la administración provincial y la central, las tareas que deberán realizar los penados serán de carácter general y adaptadas en la medida de lo posible al perfil de las personas que tengan que cumplir esa prestación.

Se tratará siempre de acciones voluntarias sin remuneración que en ningún caso sustituyan un puesto de trabajo, precisaron fuentes de la Diputación Provincial, que concretaron que, gracias a este convenio ahora firmado, unas 200 personas al año podrán cumplir allí sus penas.

Las 25 plazas que cubrirán estas personas -que, como se trata de penas cortas, podrán cubrir hasta 200 personas al año- se integran en las áreas de Integración Social, Deportes e Igualdad, así como en el Centro Social de Armilla. Los trabajos que desarrollarán allí serán: apoyo al servicio de proximidad (lo que incluye la teleasistencia y la ayuda a domicilio), el mantenimiento de edificios, jardines e instalaciones deportivas, la atención telefónica y otras labores administrativas.

La filosofía de este tipo de penas consiste en cambiar una condena de prisión por una prestación en beneficio de la comunidad y se aplican a delitos contra la seguridad vial en un 90% de los casos, y también en algunas penas por delitos relacionados con la denominada violencia de género.

Esta iniciativa pretende facilitar que estas personas puedan cumplir su condena cerca de sus domicilios y permitir así que compaginen esta obligación con sus vidas familiares y laborales.

La gestión y vigilancia de este tipo de sentencias es actualmente competencia del centro de inserción social (CIS) Matilde Cantos Fernández, ubicado en la antigua cárcel provincial.

La responsable de este centro, Clotilde Berzosa, entiende que este tipo de condenas "no deben cumplirse en el interior de una prisión".

"Deben ser trabajos voluntarios y para mejorar la vida de los demás, por eso es determinante que las personas condenadas tengan la posibilidad de cumplir sus penas cerca de su casa y su trabajo y aquí entra la implicación de las administraciones para lograrlo, en este caso de la Diputación de Granada", explicó Berzosa.