El edificio del Realejo en el que el Niño de las Pinturas realizó un grafiti el 7 de febrero -hecho que le costó una denuncia de la Policía Local por la Ordenanza de la Convivencia- no es un Bien de Interés Cultural (BIC). El inmueble tampoco se encuentra dentro de un ámbito de protección especial del patrimonio, tal como consideraron los agentes en su momento, sino a más de 50 metros de la misma.

Por estas dos razones, la Fiscalía de Medio Ambiente considera que Raúl Ruiz no atentó contra el patrimonio histórico y no abrirá diligencias contra él porque, además, "no se han producido daños" al no existir denuncia por parte del propietario. Más bien todo lo contrario. Porque el conocido grafitero profesional contaba con el permiso del dueño del inmueble, que fue precisamente el que le encargó la obra, por lo que la Fiscal de Medio Ambiente no puede abrir una investigación penal.

De todos modos, el expediente de este caso será archivado en la base de datos de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre asuntos relacionados con pintadas y grafitis, tal y como encomendó el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en un decreto en el que instaba a la coordinación de las instituciones, la Policía y la Guardia Civil para establecer criterios uniformes de actuación para la denuncia, persecución y constancia de este tipo de daños en una base estadística.

Pero aunque la Fiscalía no vea relevancia penal en el asunto, el Niño de las Pinturas puede enfrentarse a una multa de hasta 3.000 euros. Y es que esta decisión no frena las diligencias administrativas abiertas por parte el Ayuntamiento, que siguen adelante. Así, el edil de Seguridad Ciudadana, Eduardo Moral, asegura que varios técnicos del área de Medio Ambiente se desplazaron ayer al inmueble y estudian si el artista ha seguido o no el procedimiento debido, ya que pintó "sin tener permiso de Urbanismo".

El caso es que el autor del grafiti entendió que hubo "silencio administrativo" tras presentar una instancia, tal y como ocurre con otras tareas artísticas reguladas por la Ordenanza de la Convivencia, como los mismos o los músicos callejeros.