En la tapia del cementerio de San José se produjeron al menos 3.720 fusilamientos y no 2.400, tal y como los historiadores habían logrado documentar hasta la fecha. Así lo acredita el informe que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada presentó ayer al delegado de Cultura, Pedro Benzal, que se comprometió a agilizar la declaración de Sitio Histórico de este trágico muro de la historia reciente.

Según explicó la presidenta de la asociación, Maribel Brenes, además del Registro Civil, los expertos han depurado todo el material procedente de la Auditoría Militar (consejos de guerra, diligencias...), los libros de enterramiento publicados por Molina Fajardo, al tiempo que han incluido a los fallecidos procedentes de prisión, que aunque no fueron ejecutados por arma de fuego, murieron "por palizas, por inanición y abandono".

Fue a partir del 20 de julio de 1936 cuando el camposanto granadino empezó a desempeñar un trágico protagonismo. Las tropas de Franco recluyeron a miles de personas en la prisión provincial, desde donde cada noche se hacían sacas de hasta 80 personas para trasladarlas de noche en los llamados camiones de la muerte al cementerio, donde eran fusilados.

"El 97% de esas 3.720 ejecuciones se produjeron entre el 38 y el 39. Y el resto, más de 1.000, ocurrieron en la posguerra, del 1 de abrir de 1939 a 1956, cuando se produjo el último fusilamiento, el de Ricardo Beneito Sopena", destacó Brenes.

En la documentación entregada al delegado sobre La fosa común del cementerio de San José, el drama silenciado a la memoria irrecuperada, la ARMH aporta la descripción histórica de cómo se produjeron las detenciones, cómo fueron los fusilamientos y qué ha pasado con las familias de represaliados, desamparadas desde ese momento.

Basta pensar, tal y como recuerda la presidenta, que incluso se llegaron a enterrar a casi 600 personas "sólo con la descripción de sus indumentarias, sin registro alguno de sus identidades".

Además, el informe aborda el terror en Granada durante la Guerra Civil, los lugares de enterramiento en la provincia, las fosas de Alfacar y Víznar, la comisión de encuestas para la localización de la fosa de Lorca y un apartado de conclusiones sobre "las fosas de Alfacar y los lugares que pudieron ser" que aún no ha visto la luz.

Con la aportación a Cultura del informe histórico entregado, la asociación pretende que la Junta proteja el muro del cementerio, donde aún pueden verse los disparos de las armas del pelotón de fusilamiento, y, por otro, se recuerden los nombres de las víctimas, dentro de los propios muros del camposanto, descartándose la exhumación de los allí fusilados.

La documentación presentada por la ARMH será analizada por técnicos de la Delegación de Cultura, cuyo responsable, Pedro Benzal, valoró que se trata de un asunto "de urgencia política porque muchos de los familiares tienen una avanzada edad", por lo que afirmó que se le dará "la mayor agilidad posible" a la tramitación.

Tras elaborar el informe, la documentación será remitida a la Dirección General de Bienes Culturales, que en aproximadamente un mes determinará cómo queda configurado el espacio. "No se pueden abordar estos asuntos de forma unilateral, sino objetiva e históricamente, con las leyes en la mano y contando con el deseo de las víctimas, que quieren que los nombres aparezcan en el cementerio", señaló.

En aquellos muros fueron asesinados la mayor parte de la corporación municipal de 1936 -entre ellos el entonces alcalde, Manuel Fernández Montesinos-, profesores universitarios, abogados o sindicalistas.