La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria del tratamiento de basuras en los vertederos granadinos, se ha ratificado hoy ante la Sala de lo Social del TSJA, con sede en Granada, en su demanda de ilegalidad de la huelga de este servicio, movilización que mañana cumple un mes.

El representante de FCC ha solicitado al Tribunal una sentencia estimatoria de la demanda por la que se declare la ilegalidad de esta reivindicación laboral, en la que los trabajadores exigen, principalmente, la adecuación de sus salarios al convenio colectivo provincial.

Para motivar su petición, el abogado se ha referido a la falta de legitimación del Comité de Empresa para convocar una huelga que, ha dicho, "va más allá de la representación que ostenta", al afectar no sólo a empleados de las plantas de tratamiento y transferencia sino también a conductores de recogida de plásticos.

La concesionaria considera asimismo que no ha habido una mediación previa por parte de la Comisión Paritaria en el conflicto, que no se cumplió con el preaviso de huelga y que los trabajadores quieren aplicar "un convenio u otro" -en alusión al convenio provincial y al de la propia empresa- según sus intereses.

Frente a estas tesis, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT han defendido que la demanda tiene una total falta de motivación y sólo busca "entorpecer" el derecho de huelga y "crear dudas" sobre la legalidad de la movilización.

En opinión del abogado del Comité de Empresa, en la demanda sólo se alegan "defectos formales" sin suficiente motivación, de ahí que solicite incluso que se sancione a FCC con una multa por haber actuado con mala fe o temeridad.

Por su parte, el represente de consorcio provincial de residuos sólidos urbanos, pese a que el tribunal entendió el pasado lunes que la demanda debía ir también dirigida contra esta entidad -motivo por el que se aplazó el juicio- ha sostenido que Resur, dependiente de Diputación, no tiene nada que ver en ese pleito.

El secretario de Actividades Diversas de CCOO, Rafael Hueso, que ha presenciado el juicio -que ha quedado visto para sentencia-, ha señalado a los periodistas que la solución del conflicto pasa por que la empresa y Resur se pongan de acuerdo sobre el coste de la tonelada tratada y sobre a quién se le repercute dicho precio.

El sindicalista ha considerado asimismo que, en este asunto, existen "muchos intereses cruzados" que van más allá de los de la empresa y los trabajadores ya que, ha apostillado, los distintos ayuntamientos de la provincia tendrían que hacer frente a los nuevos costes.

Los trabajadores, que mantienen un encierro desde el pasado jueves en la sede de Diputación, se plantean además un cambio de actitud en sus movilizaciones si entre hoy y mañana la institución provincial o la empresa no dan o no buscan "un mecanismo de salida".