El nombre de la figura jurídica no da a entender lo que supone para el día a día de los pequeños comerciantes, autónomos o incluso particulares. Una deuda de reducida cuantía -lo de reducida depende de la capacidad del bolsillo de cada uno- puede ser reclamada judicialmente mediante lo que se denomina como procedimiento monitorio, para el que, muchas veces, no es necesario la intercesión de un abogado ni de un procurador. Es una figura relativamente sencilla para poder embolsar reclamaciones que no excedan de los 30.000 euros -según la Ley de Enjuiciamiento Civil-, siempre y cuando se justifique debidamente el origen de la deuda con facturas y documentos. Durante el primer trimestre de este año, los juzgados granadinos tramitaron casi 5.200 procedimientos de este tipo, dato que por primera vez ofrece el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, en su Estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales durante esos noventa días.

El dato es puramente eso, una cantidad que puede ser más o menos relevante. Que se tenga que acudir a un juez para poder ingresar 5.198 deudas es una cantidad, sin embargo, bastante significativa, ya que repercuten directamente en la liquidez de pequeñas y medianas empresas o autónomos que, precisamente, no pasan por el mejor de los momentos posibles. Más bien por instantes de casi de penuria y milagros contables para poder, a su vez, cumplir con pagos y plazos. Muchos de estos profesionales parecen haber encontrado en el procedimiento monitorio un clavo ardiendo que asegure el dinero en su cuenta corriente, ya que los procesos de este tipo llevan registrando en los últimos trimestres máximos históricos.

Así, durante los primeros meses 2007, los juzgados granadinos tramitaron prácticamente la mitad de las reclamaciones de deuda de esta forma, con sólo 2.218 procedimientos. La cifra fue aumentando paulatinamente hasta llevar al segundo trimestre de 2008, cuando ya se superó la cantidad de los 3.160 procedimientos monitorios presentados ante los juzgados de Granada. El máximo se alcanzó a finales del año pasado, ya que los particulares reclamaron 5.219 deudas mediante este tipo de procesos. Pocos más que en el primer trimestre de este año, aunque si se comparan los tres primeros meses 2010 con el mismo periodo, pero un año antes, se puede concluir la asfixia económica de los empresarios humildes de la provincia. El número de procedimientos monitorios presentados en los juzgados de Granada creció en el último año prácticamente un 31%, ya que durante el primer trimestre de 2009 no se alcanzaron siquiera -aunque por poco- los 4.000 casos tramitados por los juzgados de la provincia.

Pero, como ya se ha dicho, es una realidad que no cesa de crecer. En la estadística del CGPJ se puede comprobar que la evolución de los últimos años es demoledora. Así, de 2007 a 2008, las reclamaciones de deudas que los granadinos presentaron a los juzgados creció la friolera de un 57,1%. Este significativo incremento no frenó la dinámica durante el año pasado respecto a 2008, ya que el número de procedimientos presentados para que decidiera un juez sobre la reclamación pecuniaria creció un 30,3% en doce meses.

Otra de las ventajas de este tipo de procedimiento es que, en muchas ocasiones, no hay que llegar a ver al juez. Si se reclama la deuda, se documenta y la persona que no pagó en su momento decide hacerlo, se cierra el proceso y punto. Sólo hay que llegar a juicio cuando el deudor decide seguir siéndolo, y en ese caso sí es necesario el concurso de abogados y procuradores.

Por contra, otro de los indicadores que ha incluido el CGPJ en su estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales permite algún suspiro de alivio. Después de constantes subidas durante los últimos seis meses, el número de embargos presentados en los Servicios comunes de notificaciones ha disminuido en el primer trimestre de este año, situándose en 2.291 procedimientos de este tipo en la provincia de Granada.

Esa cantidad supone un descenso del 10,2% respecto a los embargos presentados durante los tres primeros meses del año pasado, algo que, quizás, indique el inicio de una tendencia a la bajada de este tipo de procedimientos, después de un año, el 2009, de incremento espeluznante. Según la cifra total de embargos llevados a cabo por los juzgados de la provincia el año pasado y durante 2008, se dieron prácticamente 2.300 casos más, llegando a 9.602 procedimientos en 2009. Porcentualmente hablando, se trata de un incremento superior al 30%, según el CGPJ.