Las estrecheces económicas obligan a muchas familias a hilar fino, finísimo, y a prescindir de los gastos más superfluos. El conflicto está en el choque de intereses que se puede generar entre lo que unos consideran perfectamente prescindible, y otros no. En este punto pueden encuadrarse perfectamente los gastos que genera cualquier comunidad de vecinos, esto es el pago de la comunidad y de las inevitables derramas. Un gasto necesario para mantener en buen estado los espacios comunes y los servicios que se prestan a los vecinos, pero que algunos, los temidos morosos, pasan por alto cuota tras cuota.

Según el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, Jesús Cañavate, el aumento de la morosidad en las comunidades de vecinos ha repuntado de forma notable en los últimos meses hasta "un 20%". "Ha crecido en los últimos años a consecuencia de la crisis económica", reseña Cañavate, que apunta que una de las soluciones que podría cortar esta tendencia sería la creación de "una corte de arbitraje" inmobiliario que acelerara los procesos en las comunidades de vecinos y que, de paso, aliviase a los juzgados.

Este órgano ya funciona en Sevilla, que desde su creación, en marzo de este año, se ha hecho cargo de 25 casos. Este tribunal, independiente y autónomo, está especializado en materia urbanística y su misión es resolver los distintos casos que se produzcan en las coletividades de vecinos en su más amplio espectro. Las ventajas de este órgano son la rapidez en obtener una resolución y el ahorro de dinero, no necesita de la intervención de un procurador y es instancia única.

Tras los primeros pasos de la experiencia sevillana, Cañavate asegura que la corte de arbitraje inmobiliario en Granada está "en proyecto, estamos en vía de constituir una", aunque no hay fechas ni plazos para su futura creación. Su nacimiento sería, en palabras del presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada la "solución al bloqueo de los juzgados".

En la corte que ya funciona en la capital hispalense -primera ciudad andaluza en ponerla en marcha- para iniciar un proceso las dos partes implicadas deben comprometerse a cumplir la resolución de la corte. La decisión de los árbitros, el laudo, es firme y no admite la presentación de recursos posteriores. Además, la aplicación de la Ley de Mediación implicará que cualquier reclamación con un coste inferior a los 6.000 euros será abordada directamente por esta corte de arbitraje.

Este órgano abarca cualquier tipo de conflicto entre vecinos, como los producidos por ruidos, así como las reclamaciones de deudas.

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