Otura es noticia de primera plana en la provincia por dos motivos: la denuncia por presuntas irregularidades contables que el secretario municipal, Gregorio Marañón, ha hecho contra el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz (PP); y la huelga de basuras que el pasado lunes comenzó la empresa concesionaria del servicio, Cespa, para exigirle al Ayuntamiento que le pague la deuda pendiente.

Una huelga que, además, tiene en Otura unas especiales connotaciones porque el sindicato Comisiones Obreras ya ha presentado dos denuncias contra el Ayuntamiento, al que acusa de contratar a personal para limpiar las calles y utilizar un vehículo municipal para este cometido.

Ni lo uno ni lo otro ha impedido al alcalde alterar su agenda de la semana, que incluía un desplazamiento a París para acompañar a un nutrido grupo de pensionistas de la localidad -entre 60 y 70- en un viaje que incluye avión y cuatro noches de hotel.

A los mayores, el viaje les cuesta 800 euros. Al alcalde, según el concejal de Izquierda Unida Ángel Pertíñez, ni un euro. Ni tampoco a las concejales de Cultura y Participación Ciudadana, Dolores Plata y Dolores Dobaño, respectivamente, que también están en la capital francesa.

El viaje comenzó el lunes y se prolongará hasta el sábado. El alcalde, no obstante, se incorporó ayer, volando en solitario hasta la ciudad gala. Lo hizo, según fuentes del Ayuntamiento, porque considera que nada de lo que se le acusa es cierto, porque tiene la conciencia tranquila y porque no entiende que haya ninguna razón de peso para anular un viaje que estaba concertado con anterioridad.

Ni la huelga, ni las denuncias del sindicato por impedir supuestamente el derecho a ejercerla, ni el hecho de que un secretario municipal, algo muy pocas veces visto en España, le lleve al juzgado por supuestas contrataciones ilegales y emisión de facturas presuntamente no justificadas.

Su única defensa hasta ahora ha sido acusar al secretario de estar en connivencia con el PSOE, con el que mantendría una relación excelente gracias a que su padre es alcalde de Alcalá La Real por ese partido. Fue, según sus palabras, una venganza personal y política. No ha presentado en público ningún documento que avale que las facturas estaban debidamente justificadas.

Tampoco le ha impedido salir de España el saber que ni siquiera la dirección provincial de su partido le arropa con claridad en relación a esas supuestas irregularidades.

Así lo dejaron claro dirigentes del partido consultados por este periódico el pasado miércoles, al afirmar que veían el caso con "preocupación y cautela" y que estarían atentos a su desarrollo "por si hay algo raro".

No obstante, el PP provincial emitió ayer un comunicado en el que, sin desmentir en ningún momento que se le impidiera usar la sede provincial para defenderse, exculpó provisionalmente a Ignacio Fernández-Sanz, basándose en que "no ha habido procedimiento judicial alguno donde se le impute la comisión de delitos".

Como eso no ha ocurrido, prosigue la nota, el PP "mantiene intacta su confianza, ante la ausencia de decisiones judiciales que indiquen lo contrario".

El PP asegura que respeta y confía en el trabajo judicial pero que también rechaza "de plano" los "juicios paralelos" iniciados esta semana contra el regidor, así como el "linchamiento moral y mediático" contra "los representantes democráticos de los vecinos de Otura".

La denuncia del secretario municipal fue respaldada ayer por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada. En un comunicado dieron su "firme apoyo" a Gregorio Marañón, del que destacan que su actitud "personal y profesional" han sido "de una enorme valentía y ejemplaridad".

Resaltan los profesionales que Marañón es un profesional con más de 30 años de servicio, que nunca había tenido problemas en su carrera hasta ahora y que desarrolla su trabajo en unas "condiciones difíciles".

"Sabemos de los problemas que han tenido todos los habilitados estatales que han prestado servicio con el actual alcalde", dice la nota, que alude en especial a la anterior interventora. Tan mal lo pasó que "hubo de pedir otro destino".

Además, el Colegio recuerda que si un secretario municipal considera que la actitud de un alcalde o concejal puede ser delictiva, tiene "la obligación" de ponerla en conocimiento de los jueces.

Gregorio Marañón, al que este periódico localizó ayer por la tarde, no quiso pronunciarse ayer sobre la cuestión. Se limitó a decir, de forma muy cortés, que era algo que no le correspondía valorar a él y que cuando presentó la denuncia se limitó a cumplir con su deber. "Quiero mantenerme al margen de todo", añadió.