Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Brigada Provincial de la Comisaría de Granada recabaron ayer en el Ayuntamiento de Otura documentación requerida por el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que investiga la denuncia que ha interpuesto el secretario municipal por supuestas irregularidades cometidas presuntamente por el equipo de gobierno, del PP.

El equipo de gobierno, según una nota del Ayuntamiento, colaboró en todo momento con los agentes, que acudieron acompañados por al menos un funcionario del juzgado de Santa Fe, y puso a disposición toda esa documentación, relativa "exclusivamente" a la denuncia por la supuesta emisión de facturas de la empresa municipal de vivienda y suelo y que, según el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz, "demostrará la falsedad de las graves acusaciones que el funcionario municipal ha hecho contra los miembros del equipo de gobierno".

El alcalde, que manifestó días atrás a este periódico que estaba "deseando" declarar en el juzgado para demostrar su inocencia, insistió en el comunicado en la "mala fe" con la que ha actuado el secretario, al que, una vez que quede resuelto su caso, pretende demandar.

"Hemos mantenido una postura de absoluta colaboración con la justicia y de hecho estábamos esperando el requerimiento para poder aportar toda la documentación que nos permita demostrar que no se ha cometido ninguna irregularidad", señaló.

Según aclaró Ignacio Fernández-Sanz, no se produjo "ningún registro" en el Ayuntamiento ni tampoco hubo ningún desplazamiento a la sede judicial. "Simplemente, y siguiendo el procedimiento habitual, la Policía Judicial ha procedido a requerir la aportación de la documentación relativa a los hechos denunciados, la cual obviamente les ha sido entregada en su totalidad".

Los hechos denunciados por el secretario comprenden la emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura, sin que se acreditaran las obras o servicios realizados; la supuesta contratación ilegal de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Otura; la posible contratación ilegal con una entidad financiera de un contrato de gestión de pagos y financiación por importe de 600.000 euros; la contratación "en fraude de ley" de las obras de pavimento, césped artificial e iluminación en el campo de fútbol; y la utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo.