Los casos de sarampión siguen en aumento. De hecho, se han disparado en los últimos días y de los 25 casos que había confirmados el pasado lunes se ha pasado a 36 positivos registrados ayer, casi diez contagios más en tres días. Unas cifras que, pese a ser consideradas normales dentro de un brote epidémico -nivel que activaron las autoridades sanitarias la semana pasada- han obligado a Salud a tomar medidas serias para evitar que se siga propagando el virus, que es altamente contagioso. El motivo: "el número de padres que no han contestado a los requerimiento realizados" por Salud de que inoculen a sus hijos para cortar el brote.

En concreto, Salud ha enviado hasta tres cartas y un burofax a 79 padres de alumnos del colegio Gómez Moreno, donde se inició el brote a finales de octubre, pidiendo que vacunaran a sus hijos y pusieran en conocimiento de la autoridad sanitaria la cartilla sanitaria para comprobar las dosis de vacunas recibidas. Según fuentes sanitarias, de los 79 padres a los que se enviaron las misivas, 22 respondieron de forma positiva ya que los niños estaban bien vacunados aunque no estaban bien actualizadas las cartillas, por lo que se procedió a su constatación en el centro de salud; cinco comunicaron expresamente que no tenían intención de vacunar a sus hijos y 52 no han contestado.

Ante esta situación y al no recibir contestación a los requerimientos realizados, la Delegación Provincial de Salud puso ayer en conocimiento de la judicatura (en concreto de un juzgado de lo Contencioso) el expediente completo sobre el brote, que se extiende ya por la ciudad y el Cinturón.

De este modo, Salud quiere que sea un juez quien decida qué tienen que hacer los padres y, en caso necesario, obligarles a vacunar a sus hijos "a fin de paliar en lo posible que el virus del sarampión siga circulando entre los niños del colegio afectado así como por el resto de la ciudad y su provincia". De hecho, las cartas se han enviado sólo a este colegio porque es el único en el que hay rechazo a la vacunación.

Lo primero que tendrá que hacer el juez es calibrar el riesgo que el brote supone para la población en general y después, según el nivel declarado, tomar medidas que pasan por obligar a los padres con hijos de cierta edad a que vacunen a sus hijos. Y es que el brote se ha convertido ya en un problema de salud pública. Además, el hecho de que el calendario vacunal sea voluntario impide a Salud tomar medidas por su cuenta.

De hecho, es el primer brote epidémico que se lleva a los tribunales aunque hay situaciones sanitarias, como el último brote de legionela de Sevilla, que sí requieren intervención judicial.

Según un abogado consultado por este periódico, "alegando motivos de Salud Pública sí se podría exigir a los padres que vacunaran a sus hijos. Además, tendrán que justificar por qué no lo hacen".

Salud comprobó que la existencia de un grupo de padres reacios a las vacunas podía ser un peligro ya que éstos menores podían ir transmitiendo el sarampión al resto de población. Un hecho que se ha demostrado ya que el brote ha salido del colegio y del barrio y el virus 'viaja' ya por otros ambientes.

Para los expertos en epidemiología, la elevada contagiosidad del sarampión hace afirmar que "para controlar la epidemia es necesario vacunar a la práctica totalidad de niños susceptibles", que son los de 15 meses según el calendario vacunal infantil o los mayores de 12 meses.

De los 36 casos confirmados cinco son adultos y el resto menores que o bien no estaban vacunados o no habían completado el ciclo de vacunación. Del total, han sido necesarios 12 ingresos y aún dos personas permanecen hospitalizadas.