El ministro de Fomento, José Blanco, vendrá finalmente el próximo miércoles, día 2, a la Costa de Granada para informar sobre las infraestructuras de la comarca, según confirmaron ayer a Granada Hoy fuentes cercanas a Fomento. En la agenda del ministro, aún pendiente de cerrar, también estaría la inauguración de un remolcador de Salvamento Marítimo en el Puerto de Motril.

El pasado mes de septiembre ya se anunció que Blanco acudiría a la Costa para dar explicaciones sobre el dinero que iba a destinar el Gobierno a las infraestructuras pendientes de la comarca, después de las movilizaciones de julio para pedir el final de la A-7 y la Presa de Rules. En esas fechas, la Plataforma por las Infraestructuras planeaba plantarse en Madrid para reivindicar la finalización de la A-7. Entonces, la alcaldesa de Vélez de Benaudalla, Pilar Peramos, afirmó que el responsable de Fomento iba "a venir antes del día 20 de octubre" al litoral.

Pese a la confirmación por parte del Ministerio, Blanco finalmente no vino, por lo que alcaldes y empresarios viajaron a Madrid, donde tampoco fueron recibidos.

La Plataforma por las Infraestructuras llevaba solicitando desde un año y medio antes una reunión con Fomento. En mayo de 2009, Blanco acudió a la Costa para inaugurar la A-44.

Mientras tanto, el tramo de Carchuna-Castell de Ferro, que junto al de La Gorgoracha-Puntalón, suponen que un tercio de los pendientes para construir la A-7 estén parados, se encuentra enredado en trámites que lo mantienen en un estado fantasma, sin presencia de máquinas ni de obreros, que se marcharon hace meses sin hacer ruido y sin que haya habido explicaciones oficiales ni por parte de Fomento ni de la empresa adjudicataria FCC-Vera. Euroestudios es la encargada de la supervisión de la ejecución del tramo de autovía de 10,2 kilómetros de longitud. Dentro de este tramo, de gran dificultad geotécnica, se encuadra la ejecución de un túnel y de cuatro viaductos debido a la orografía agreste de este tramo.

Los problemas partieron de que cuando la UTE comenzó la construcción de este tramo, comprobó las dificultades del terreno, el cual presentaba serios problemas de deslizamiento. Según un documento remitido a Fomento desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, la empresa detectó "importantes problemas geológicos y geotécnicos en cuanto a estabilidad de las laderas", así como riesgo de deslizamientos localizados "de cierta magnitud y peligrosidad". La misma Demarcación reconoce una falta de análisis previo, que sería la causante de que la construcción de varios viaductos no fuera "razonablemente viable". Y esta falta de previsión, se debe, según el mismo escrito, a que "estos obstáculos no pudieron estudiarse adecuadamente en la fase de redacción del proyecto "por la enorme dificultad de los accesos o la negativa de los propietarios a la entrada de equipos humanos y mecánicos" a sus fincas, según la propia Demarcación de Carreteras.

Entonces surgió la alternativa de obviar -por el peligro de derrumbamiento que presentaba- la construcción del túnel de un kilómetro previsto en El Romeral y desviar toda la obra hacia el norte. La Dirección General de Carreteras, dependiente de Fomento, aprobó este cambio de trazado el 10 de marzo de 2008 y ordenó que se sometiera a consulta ambiental. Un portavoz de Medio Ambiente aseguró ayer a este periódico que "le toca ahora a Fomento mover ficha", ya que ellos han informado del nuevo trazado a las administraciones afectadas para que emitan las contestaciones oportunas y han pasado estas últimas al Ministerio de Fomento, el cual tiene que redactar el proyecto definitivo que deberá remitir a Medio Ambiente para elaborar el estudio de impacto ambiental.

Fuentes extraoficiales apuntan a que el nuevo trazado ha sido echado para atrás. Y es que desviar las obras hacia el norte supone encontrarse con dos zonas especialmente protegidas: la Sierra de Lújar y, sobre todo, la Sierra de Castell de Ferro, la cual se quiso evitar con el trazado original.

En el segundo trazado propuesto se estimaba que las obras ocuparan -mediante expropiación- una superficie nada más y nada menos que de 150.977 metros cuadrados de la Sierra de Castell de Ferro, que está considerada como LIC (Lugar de Interés Comunitario). Esto significa que se trata de un ecosistema protegido de manera prioritaria por una directiva de la Unión Europea, integrado en la Red Natura 2000.

En cuanto a la Sierra de Lújar, en ella viven numerosas especies de animales, algunas de ellas en peligro de extinción, en un marco poblado de bosques de encinas y alcornoques, entre otras variedades. Incluso la asociación ecologista Buxus ha manifestado que debería incluirse en la red de espacios naturales protegidos e integrarse, a ser posible, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, "porque la riqueza de esta sierra, el patrimonio industrial minero, el carboneo y su diversidad geológica, biológica y morfológica deberían estar protegidas al igual que Sierra Nevada, y ser un auténtico valor añadido en la economía de la zona".

Tal y como están las cosas, las únicas alternativas existentes son o volver al trazado original, al que apuntan como solución fuentes del PSOE, aunque seguiría cerniéndose sobre el tramo el riesgo de derrumbamiento por las dificultades geológicas o dibujar un nuevo trazado, aunque se hace difícil por las peculiaridades del lugar en el que se tiene que construir.