Los colegios concertados educativos de la provincia están muy preocupados con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre los recortes salariales del 5% realizados a los docentes, una medida que han aplicado todas las comunidades (incluida Andalucía) para hacer frente a la crisis económica. Porque aunque reconoce que los recortes practicados por las consejerías son legales, también admite el derecho de los profesores de la privada a percibir sus salarios completos y condena a las empresas a abonarlos.

En Granada, al igual que en el resto del país, el profesorado de los colegios privados que tienen convenios con la Junta de Andalucía llevan desde junio con sus salarios reducidos un 5%, lo que significa un recorte de 120 euros por docente al mes de media. Si el fallo judicial del País Vasco crea precedente en el resto de las comunidades, los centros concertados granadinos tendrían que enfrentarse a un pago de 2,9 millones de euros, que sería el montante que, en la actualidad, deberían por nueve meses de reducción de sueldos a los 2.675 docentes que hay en la Concertada. Unos datos que ascienden a 16,2 millones de euros si se engloba a los 15.000 profesores que hay contratados en los colegios concertados andaluces hoy en día.

"Si en Andalucía se produce una situación similar, provocaría la insostenibilidad de muchos colegios", afirma José Antonio Funes, representante en Granada de la Plataforma por la Homologación Salarial.

Según el TSJPV, los recortes practicados por la Administración autonómica son legales y no aprecian ninguna inconstitucionalidad en efectuarlos. Pero también reconoce el derecho de los trabajadores a percibir sus salarios pactados en convenios colectivos y, como considera que las empresas privadas no dependen para su financiación de los fondos públicos, sino que tienen otras fuentes de ingresos, las condena a abonarlos. En el País Vasco cifran en 6 millones de euros el coste de este fallo judicial y la patronal ya ha advertido que el futuro de los colegios concertados pende de un hilo si tienen que asumir el coste.

Es verdad que cada comunidad autónoma tiene un convenio colectivo diferente con los docentes de la Concertada, pero los sindicatos y las patronales están ya estudiando la viabilidad de una sentencia similar en Andalucía. Para la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), que tienen interpuesto un conflicto colectivo por los recortes en Andalucía, este fallo viene a complicar aún más el panorama de la negociación colectiva de los docentes de la Concertada.

"Entendemos que los recortes que ha aplicado la Junta no son legales, pero no pueden ser los colegios privados quienes asuman el coste", explica Funes. Al contrario de lo que alega el fallo vasco, la enseñanza concertada no puede tener otros medios de financiación, así que el coste escolar es asumido por la Administración.

Para esta semana estaba prevista una reunión entre patronales y sindicatos para buscar una solución al bloqueo del convenio colectivo, pero al conocer la sentencia vasca se suspendió el encuentro, informó FSIE. "Este fallo supone un nuevo giro en el sistema de conciertos educativos, porque las administraciones, con independencia de lo que diga el convenio colectivo, podrán reducir los salarios cuando y cómo quieran", apunta FSIE.