Tras dos años bajo la tutela de la Consejería de Educación, una veintena de escuelas infantiles privadas de la provincia que mantienen un convenio con la Junta de Andalucía para ofertar plazas públicas a los niños menores de 3 años siguen mostrando su desencanto con la Administración autonómica. Según denunció ayer a este diario la Asociación Arcoiris, que representa a 24 escuelas infantiles de Granada con más de 2.300 usuarios, tres de los principales problemas que padecían cuando eran gestionadas por Igualdad siguen sin resolverse. A saber, el régimen de convenios, la obligatoriedad de ofertar sólo plazas públicas y la exigencia de que las guarderías estén abiertas en los períodos vacacionales.

El convenio que tienen suscrito las escuelas privadas con Educación, por el que se les subvenciona los gastos de mantenimiento y se les financia las cantidades que dejan de abonar las familias sobre los precios de los servicios que disfrutan (gratuidad de las bonificaciones) es, según el portavoz de Arcoiris, Luis Mochón, "abusivo e ilegal". Abusivo porque no les permiten variar ni una sola coma de sus propuestas, "de hecho no convocan mesa sectorial para debatirlas", dice. E ilegal porque Arcoiris encargó este curso a un bufete de abogados un informe jurídico sobre la legalidad de estos convenios que da la razón a las demandas de la Concertada en los puntos claves.

"Las escuelas privadas recibimos la mitad de los fondos que invierte la Junta en las guarderías públicas, pero nos exigen que ofertemos los mismos servicios", añade el portavoz de Arcoiris.

La Consejería de Educación asegura que está cumpliendo con su compromiso de crecer en la oferta educativa de plazas de infantil de 0 a 3 años, de forma planificada, con flexibilidad y atendiendo a las demandas del sector. Esta voluntad de diálogo se hizo patente en el Decreto 149/2009, del 12 de mayo, consensuando con la patronal del sector el calendario, horario y coste de los servicios prestados.

Pero las escuelas concertadas alegan que les "obligan a poner a disposición de la Administración autonómica todas las plazas que disponemos en los centros -explica Mochón-, pero si no consiguen cubrir toda nuestra oferta, no nos permiten que las rellenemos con solicitudes privadas". Las escuelas infantiles privadas cobran por alumno, así que si se quedan con plazas vacantes dejan de percibir ingresos.

La exigencia de ofertar únicamente plazas públicas, según el informe, tiene dos consecuencias graves: "se priva del derecho a la enseñanza a niños que podrían obtenerla a través del centro y, por otro, penaliza al centro escolar reduciendo las subvenciones que podría recibir".

Tras la reunión que mantuvieron con la Delegación provincial para firmar la subvención anual, los titulares de las escuelas conveniadas se quedaron con gran malestar porque "la Junta sabe que no tenemos otra forma de subsistencia y no atiende nuestras reivindicaciones", dice Monchón.

Además, la obligación de abrir los centros en vacaciones de Navidad y Semana Santa conlleva serios problemas laborales y económicos para las escuelas concertadas. "Estamos obligados a cumplir el convenio con los trabajadores en lo que respecta a sus vacaciones, pero no podemos contratar a otro personal para garantizar la conciliación laboral y familiar que quiere la Junta sin que lo subvencione", detalla Monchón.

La Consejería de Educación va a ofertar el próximo curso en Granada 8.060 plazas públicas gracias a los 140 centros públicos y conveniados que tiene en la provincia.