Cerca de un centenar de empleados de la Alhambra se concentraron ayer por la mañana en las puertas de acceso al monumento para apoyar a los 40 trabajadores imputados en el caso sobre supuestas irregularidades en la venta de entradas y control de accesos del conjunto monumental y para pedir mayor celeridad en la instrucción que lleva el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que se prolonga ya por casi seis años.

Según aseguró el secretario general del sindicato Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Granada, Francisco Parra, los 40 empleados imputados tienen "totalmente prohibido" el control de acceso al monumento, con lo que no pueden rotar por diferentes puestos con sus compañeros especializados en control e información, que a su vez están también siendo perjudicados. Por ello, CCOO pide "dignidad" para los trabajadores que están siendo "marginados" por su imputación.

Desde el sindicato piden la celebración ya del juicio para que se restituyan los derechos de los trabajadores, imputados "injustamente". "Algunos ya han fallecido y otros se han jubilado a la espera de que se haga justicia", advirtió el presidente del comité de empresa, Elías Berbel, que aseguró que el Patronato de la Alhambra continúa tratando a los imputados "como si hubieran cometido un delito".

El sindicato recordó que los informes de los expertos sobre el control de las entradas concluyeron que las irregularidades no se derivaron de un fraude cometido por los trabajadores sino "de un fallo de la dirección" del recinto nazarí.

En el caso están imputados alrededor de medio centenar de personas, la mayoría trabajadores de la Alhambra por un supuesto fraude en el control y acceso al recinto, uno de los más visitados de España. Ya en 2008, los sindicatos se mostraron contrarios al informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que cifraba en 7,9 millones de euros el perjuicio económico ocasionado al Patronato de la Alhambra por este asunto entre 2002 y 2005.

Según recogía el documento, la mayor parte del quebranto económico, unos 7,1 millones de euros, habría sido cometido por los empleados y el resto por la agencia Daraxatour S.L., unos 765.400 euros, y el guía Francisco Castillo -imputado en el caso y padre de la administradora de la empresa- y la agencia Wit Travel --unos 67.380 euros- a través de una sucursal del BBVA, encargada de la venta anticipada de las entradas del recinto durante ese periodo.