EL Gobierno de Rajoy va generando enemistades a una velocidad de vértigo. Nunca un Ejecutivo había dilapidado tan pronto el capital de confianza depositado en las urnas. La presteza con que las así llamadas reformas van empujando a la cuneta a colectivos y a corporaciones no tiene parangón. La rapidez del desgaste hace que, visto desde fuera, los cuatro puntos que ha perdido el PP entre el 20-N y los datos del barómetro de abril del CIS parezcan escasos. Cuando se divulgaron los datos en el PP apenas dieron importancia a la proporción relativa de la pérdida. Es verdad que aún conserva 11 puntos de ventaja sobre el PSOE pero bajar cuatro en cinco meses es una sangría de aúpa. Ahora ha dejado en la cuneta a los rectores de todas y cada una de las universidades españolas. Un hecho insólito y extraordinario pues es un colectivo políticamente plural y por lo general poco partidista. Aunque también se puede interpretar que han sido los rectores los que han abandonado al Gobierno y, más en concreto, al ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert, un sociólogo en apariencia amistoso y, como requerían antiguamente los anuncios de empleo, con don de gentes que ocupa con todos los méritos el farolillo rojo del convoy gubernamental.

Si nos atenemos al orden de causas y efectos, el plante de los rectores en el Consejo de Universidades (que había sido convocado con muchos meses de antelación) fue una respuesta proporcional al descaro del ministro. Plante por desplante, podríamos decir.

La soberbia con que el Gobierno está administrando el poder, el despotismo con que está imponiendo su mayoría absoluta, hace aún más indigeribles los tijeretazos con que está maltratando a todos los sectores sociales. Wert, en concreto, ha perdido el norte. Una vez instalado en el absolutismo, el ministro reparte estocadas sin reparar de quién es el solomillo que traspasa. Algo así ha hecho cuando, con la proverbial chulería que caracteriza la técnica del ordeno y mando, se negó a tratar con los rectores los recortes recogidos en el decreto-ley de ahorro del gasto autonómico en educación. "Tengo disponibilidad al diálogo pero no a la negociación", dijo el ministro. Un diálogo sin negociación, es decir, un diálogo sin flexibilidad, es un monólogo. Los artificios lingüísticos pueden valer para un artículo periodístico o unas declaraciones pero no sirven, sino que acrecientan el agravio, cuando se trata de fijar el futuro de la educación universitaria española para los próximos años.

Los sofismas del ministro lo están confinando en un jardín cada día más laberíntico. La rebelión de las universidades no es un asunto nimio, aunque para un gobierno absorbido por la prima de riesgo y otros indicadores debe ser como una nota a pie de página.