la colmena

Magdalena Trillo

Estado de alarma

DICE nuestra Constitución que el Gobierno puede declarar el estado de alarma cuando se produzcan ciertas "alteraciones graves de la normalidad". Hace tres décadas, los padres de la Carta Magna pensaban en catástrofes naturales como terremotos e inundaciones, en crisis sanitarias provocadas por epidemias o peligrosas contaminaciones y en situaciones críticas de desabastecimiento y paralización de los servicios públicos esenciales. Hoy, la crisis (la económica pero también la política, la de valores y la social) está desvirtuando por completo el concepto de "alarma" y se ha convertido en un recurrente pretexto para alterar y limitar la "normalidad" de la convivencia.

Requisar, racionar, intervenir, suspender. Vamos hacia un normalizado estado de alarma donde la pérdida de derechos es progresiva sin necesidad de aplicar ningún texto jurídico ni proclamar su oficialidad por decreto-ley. Sorprende, por ejemplo, que la presidenta de Madrid no lo haya invocado para 'secuestrar' la final de la Copa del Rey y evitar la gran pitada de la afición nacionalista al himno español. La 'penúltima' polémica que incendia Esperanza Aguirre: "Los ultrajes al himno, a la bandera y al jefe del Estado son delito en el Código Penal". Cierto pero excesivo. Palabras gruesas, con oportunistas altavoces mediáticos, que sólo parecen buscar la confrontación y la provocación. Es verdad que los primeros 'pirómanos' fueron los portavoces de los grupos nacionalistas en el Congreso incitando al abucheo, pero ¿dónde queda la responsabilidad, la sensatez y la mesura de quienes dicen gobernar?

El fútbol no es política; el fútbol es adrenalina. Y una terapia contra la crispación. Después de pagar 300 euros por una entrada, ¿ni si quiera tenemos derecho a silbar? ¡A desfogar! ¡A gritar lo que reprimimos cada día con sólo ojear las portadas de los periódicos! No sólo el texto constitucional ampara la libertad de expresión; también lo hace la razón. Lo podemos entender y convivir con la fiesta del fútbol -lo que finalmente fue- o podemos alterar la normalidad de los estadios y escribir una tragedia en la que actuemos todos de presuntos delincuentes. Esa es la elección. La misma que en la economía: altas dosis de disciplina y rigor o sentido común y flexibilidad. En el Vicente Calderón, una vez más, la realidad del civismo ciudadano superó la ficción de la catástrofe: los aficionados vascos y catalanes pitaron durante los 27 segundos del himno nacional y luego se volcaron con sus equipos y dieron muestras de ejemplaridad. Mucha más que nuestros políticos, jueces y banqueros.

Hay quienes ven en las palabras de Aguirre una operación de distracción tras descubrirse que la lideresa del PP ha dejado de ser la más aplicada de la clase en el examen autonómico del déficit y la austeridad. Una cortina de humo más. Porque lo que realmente alarma es la escalada de persecución y criminalización con que se quiere responder a la creciente contestación en las calles a las duras reformas de los 'Viernes de Dolores'. El peligro de que se rompan los lazos sociales es real y el riesgo de que construyamos una salida a la crisis de absoluta indefensión, también. El borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana inquieta. Sanciones de hasta 300.000 euros por alteraciones graves del orden público: hasta 30.000 por utilizar capuchas, cascos o escafandras en actos vandálicos; por falta de respeto a la autoridad; por el uso indebido de trajes, insignias y condecoraciones; por realizar botellones en lugares no autorizados para el consumo de alcohol…

Cuesta saber si el problema es realmente de convivencia o de liquidez. Hemos empezado con el copago farmacéutico, el judicial no tardará y, si nos descuidamos, acabaremos convirtiendo la seguridad ciudadana en otra parcela del menguante Estado del Bienestar que exprimir. Resultaría hasta coherente defender que "colaboren" los millonarios clubes de fútbol con el gasto que supone el despliegue de seguridad de las grandes convocatorias deportivas -como acaba de proponer Interior- antes que obligar a los pensionistas a elegir entre pagar sus medicinas o la cuenta del supermercado. ¿Demagogia? ¿Globo sonda? Economía e ideología. Una trampa. Porque sabemos dónde empezamos a 'colaborar' pero no para qué. Mientras lo averiguamos, alármense. De la crisis saldremos; otra historia es cómo y en qué estado.

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