ES evidente que los españoles no nos sentimos muy contentos con quienes nos representan, esos ciudadanos a quienes se ha dado en llamar clase política. Aunque es un sentimiento recogido por todas las encuestas, basta con pasear con ojos y oídos prestos para constatarlo. Así que como vivimos tiempos confusos, nuestros dirigentes nos apabullan con propuestas únicas e imaginativas, o mejor, aparentemente imaginativas ya que en la mayoría de los casos se resumen en dos: más impuestos y menos servicios.

Algunos parecen vivir en épocas pasadas donde sociedades iletradas y desinformadas recibían con alborozo regias genialidades que ocultaban necios galimatías y promesas imposibles. Se ha propuesto reclamar el coste de atención médica de los inmigrantes ilegales a sus países. ¿Se ahorra sumando a una deuda incobrable el gasto de su reclamación? Inefable.

Por eso cala en los ciudadanos la idea de que la clase política tiene más interés en mantener su estatus que en solventar los problemas de todos. Y no puede ser de otra manera cuando la maraña de improductivas empresas públicas sigue siendo retiro dorado de políticos sin poltrona y refugio de familiares, amigos y demás clientela partidaria.

¿Dónde queda el sentido común? Frente a tanta complejidad, a tanta especulación vacía e innecesaria, hay ejemplos de coherencia que deberían seguirse. Mientras la mayoría de nuestros ayuntamientos están sumidos en una situación económica perversa, sin ingresos y endeudados, Torrelodones, con unos veinte mil habitantes dispone de un importante superávit de más de cinco millones de euros que ya quisiéramos muchos para nuestros arruinados pueblos y ciudades.

Los votos llevaron a la alcaldía a una agrupación de vecinos que, en clásica frase de nuestro Código Civil, han aplicado a la administración del dinero público la diligencia de un buen padre de familia. Como cualquier persona sensata, han eliminado los gastos superfluos en la sabia creencia de que un pequeño agujero se agranda hasta hundir un barco. Algo que todos entendemos como una administración racional; ordenar, disponer y organizar la hacienda o los bienes. Entre otras medidas, han reducido el número de concejales con dedicación exclusiva y cancelado las autorizaciones de gasto para comidas; eliminado los coches oficiales y suprimido el personal de confianza sustituyéndolo por funcionarios. Han renegociado los contratos con suministradores y, esto sí es imaginativo, han convertido una calle en vía de doble sentido arañando al Consorcio de Transportes ciento cuarenta mil euros anuales por servicio de autobús.

En fin, un ejemplo a seguir. Ya escribió Séneca que la economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos.