DECÍAN nuestros abuelos que el Código Civil era para los ricos y el Penal para los pobres. Al fin y al cabo, en Los Miserables de Victor Hugo, el bueno de Jean Valjean intenta saciar el hambre de unos niños famélicos y acaba en presidio por robar unas hogazas.

Hoy parece que la regla es la contraria. Cada día vemos como se aplica la ley hipotecaria con una severidad que no existe en el ámbito penal que cree en la reinserción social más que en la venganza. Las sentencias de desahucio se esgrimen con el mismo rigor que antaño las duras leyes penales. Quizás sea porque, como decían los romanos, dura lex, sed lex, la ley es dura pero es la ley. En cambio, extraña la parsimonia y exquisitez con la que, en la farragosa prosa administrativa, "no se descarta la posibilidad de exigir responsabilidades, incluso penales, a los directivos de las entidades que han recibido asistencia financiera del estado."

La igualdad ante la ley es un principio básico de la democracia liberal y así lo recoge el artículo 14 de la Constitución. Pero el ciudadano tiene una percepción distinta. Llama la atención la actitud de las entidades que han evitado su quiebra gracias al estado. Si han podido devolver sus deudas ha sido porque lo han hecho con nuestro dinero. Han incumplido sus obligaciones que en cambio, exigen a los demás ante los tribunales provocando más de quinientos desahucios al día. Mientras ellos sortean con total impunidad sus impagos con dinero de todos, no tienen compasión con sus clientes.

La burbuja crediticia hizo que todos nos creyéramos propietarios cuando sólo éramos deudores. La banca usó la hipoteca como un modo de financiar la vivienda cuando la ley no estaba pensada para eso. Garantizar una deuda con un bien propio es algo radicalmente distinto a adquirirlo mediante la propia deuda.

El problema es de una gravedad social inusitada y exige una solución inmediata. Si no se ataca, la realidad, que es implacable, nos devolverá muy pronto imágenes de chabolismo y miseria propias de una época en blanco y negro que creíamos más que olvidada. Si la banca se adjudica los bienes por su valor actual y no por el que tasó en su día, también la ley debe contemplar la situación real de los deudores. Por ello, la dación en pago, alquilar la vivienda al deudor tras la entrega, permitir la recompra futura y sobre todo, eliminar la responsabilidad personal al existir la del inmueble, son ideas que deben convertirse en ley a la mayor brevedad posible porque hay que legislar pensando en la justicia y en la realidad social del momento.

Ya en el siglo III, enseñaba Ulpiano que la justicia es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Algo tan simple como eso.