EN 1974 se liberalizó un poco la actividad bancaria en España y al revés que el resto de la economía, el negocio bancario se expandió con fuerza. Surgieron los voceros de su excelencia e inmunidad ante la crisis, pero entre 1977 y 1985 nuestra banca sufrió una de las crisis más profundas de su historia. Afectó a la mitad de las entidades y a más de una cuarta parte del ahorro, suponiendo un coste para la economía nacional del 15% del PIB.

Las causas fueron diversas. Hubo elementos internos, como la excesiva expansión bancaria nacida con la ley de 1962 que dio lugar a entidades ineficientes, dirigidas por gestores inexpertos y temerarios que bordearon e incluso traspasaron la ley y otros externos, como el gran número de quiebras fruto de la dura crisis industrial, con el rápido aumento de la morosidad y el deterioro masivo de inversiones y préstamos cuyo valor real, además, se vio fuertemente reducido por mor de la elevada inflación de la época. El Fondo de Garantía de Depósitos que se creó en 1977 señaló algunas causas más como los elevados gastos de estructura de muchas entidades, el exceso de inversiones arriesgadas, los altos márgenes financieros, la concentración de riesgo y el uso de prácticas contables dolosas para enmascarar la situación real de las entidades. ¿No parece un déjà vu?

Se procedió como hoy. Compra de la mayoría accionarial por una peseta, cambio de administradores, saneamiento de la entidad con ayuda del Banco de España y venta mediante subasta pública o cierre definitivo. Aquella crisis supuso un desembolso de 4.200 millones de euros -no actualizados- de los que se recuperaron la mitad. Años después, la intervención de Banesto tuvo un coste similar si bien, gracias a que se saneó en pleno período de crecimiento se recuperaron tres cuartas partes. Nada nuevo bajo el sol.

Einstein definió la insensatez como la manía de hacer lo mismo una y otra vez con la esperanza de obtener diferentes resultados. Y parece que en España y en Europa, con cierta tozudez, sólo se defiende el libre mercado si hay beneficios, pero se socializan las pérdidas en el caso contrario. La defensa del mercado supone la asunción de sus reglas básicas de funcionamiento. Los mercados son darwinistas, solo sobreviven los mejores, aquellos que superan las crisis por sus propios medios adaptándose a la realidad de cada momento. Ese proceso de selección natural es lo que los hace más eficientes. Dejar caer a las entidades quebradas es la forma en la que un mercado se sanea, lo contrario es puro intervencionismo.

Si el tan traído y llevado banco malo, que nacerá a mediados de mes, contara con socios privados no habría nada que objetarle. Es legítimo que un inversor arriesgue su dinero con la intención de obtener altas rentabilidades una vez que, recuperado el mercado, venda los inmuebles, adquiridos a saldo, por precios superiores. Pero no parece que vayan a existir y de haberlos, lo harán obligados.

Para poder adquirir los activos tóxicos, el banco malo se nutrirá del FROB y emitirá deuda avalada por el estado. Es decir, todos los fondos serán, directa o indirectamente, públicos y nos tocará pagarlos durante largos años. Como además, el traspaso hará un buen agujero en el balance de las entidades quebradas, las diferencias que surjan se cubrirán con más dinero de los contribuyentes. Otro efecto colateral que puede ser devastador es el que se deriva de las valoraciones. Si son muy bajas, caerá el valor de mercado de los activos y se obligará a la parte sana del sistema a dotar, aún más, sus cuentas. Sería como no declarar la cuarentena ante una epidemia de cólera y dejar que se extendiera a toda la población que es lo que debe evitarse.

El gobierno asegura que el banco malo obtendrá beneficios en el último tercio de su vida prevista -¡cuan largo me lo fiais!-pero nuestra experiencia histórica y la más cercana de Irlanda, nos inducen a pensar que no será así.

No hay porqué salvar a todo el sector. Basta con que se salve quien sea capaz de sobrevivir por sí mismo. Más, cuando no cabe duda de que la responsabilidad de la espiral de crédito debe recaer sobre todo en las entidades prestamistas que actuaron con absoluto desprecio de la prudencia natural en la concesión de estas operaciones de préstamo que se denominan, y por algo será, riesgo bancario. También es cierto que los prestatarios arriesgaron más de lo razonable pero estos lo están pagando con quiebras y desahucios en tanto que aquellos reciben ayudas del estado.

Hasta ahora, la crisis bancaria derivada de la burbuja inmobiliaria se ha afrontado, negando u ocultando la realidad y posponiendo las soluciones. Eso hizo Japón y lleva más de veinte años sin remontar su burbuja. Parece que, otra vez, el resultado será el mismo, cargar sobre los hombros de los contribuyentes el coste de este desastre.