CADA vez hay más españoles para quienes la Corona ya no es el referente que quizás fue. Y podría parecer injusto que se la juzgue por su situación actual y no por su trayectoria. Pero la vida es así para todos. Las listas del paro se nutren de millones de trabajadores con currículos impecables de lealtad, entrega, eficiencia y trabajo a quienes se ha despedido teniendo en cuenta sólo la dura situación del momento. Igualmente, los ciudadanos valoran a las instituciones en función de la percepción que tienen de ellas, quedando los análisis y balances para los historiadores. Y dicho sea de paso, lo que más destaca hoy en la Corona no es la ejemplaridad sobre la que debiera asentarse.

A las nuevas generaciones que sólo conocen del franquismo lo que han visto en Cuéntame, la transición y el golpe del 23-F les parecen hechos tan lejanos como a sus padres les sonaba la guerra civil en boca de sus abuelos. Han nacido en una España democrática, integrada en Europa y alejada de los viejos complejos de inferioridad respecto a nuestros socios de hoy. Son conscientes de la situación crítica que vivimos y exigen soluciones modernas a los problemas actuales, porque de ello depende su futuro y a ellos nos debemos.

Nadie les convencerá de la necesidad de mantener el status quo en pago de una pretendida deuda histórica que nace de hechos asentados en los libros de historia. Sus padres y sus abuelos aceptaron la monarquía obviando que Alfonso XIII permitió el golpe y colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, a quien presentó al rey de Italia como mi Mussolini. No creo que fuera la mejor tarjeta de visita para la restauración monárquica en un país que anhelaba, sobre todo, vivir en democracia. En ambos casos, la razón última es la utilidad. La monarquía sólo puede pervivir si es útil, pues se basa en principios ajenos y opuestos a la democracia.

La repercusión internacional del asunto Urdangarín que ya es portada en los periódicos de medio mundo no aporta nada positivo a la imagen de España, ni a la percepción de la necesaria seguridad jurídica que permita atraer inversiones internacionales sanas que nos ayuden a salir de la crisis. Negar los problemas, sólo ayuda a incrementarlos y contemporizar con ellos, los pudre. Por eso, la ciudadanía exige en este caso una acción rápida, ejemplar y contundente. No olvidemos que el futuro de España lo decidirán libremente los españoles.