CALVIN Coolidge, presidente de EEUU, afirmó que nada es más fácil que gastar dinero público. No parece ser de nadie y es irresistible la tentación de dárselo a alguien. Para evitar tan universal tentación siempre han existido organismos fiscalizadores del gasto público. Nuestra Constitución, siguiendo la tradición nacida en el medievo, creó el Tribunal de Cuentas que fue replicado por los Estatutos de Autonomía. Pero a nadie se le escapa que el control del dinero público siempre ha sido en España más que deseo, ilusión y más que realidad, utopía.

Basta con ojear los datos de los fiscalizadores. La realidad es tozuda y se resume en el viejo oxímoron que ironiza sobre la opaca transparencia de lo público. Algunos ejemplos; 2007 es el último ejercicio auditado a los partidos; ni la mitad de los Ayuntamientos entregaron sus cuentas de 2011 en tiempo y forma y aún no lo ha hecho una quinta parte; una de cada diez entidades estatales no ha rendido cuentas de 2010 y sólo el 75% lo hicieron dentro del plazo legal. Y lo más sangrante, en 2009 se entregaron cuentas de -¡asómbrense!- 1998. De nada sirve fiscalizar si la información se entrega tarde y mal y la eficacia del régimen sancionador queda en entredicho pues una sanción solo es eficiente cuando contribuye a eliminar el vicio castigado.

Tras tanto escándalo de corrupción, la china de la presión ciudadana aprieta el zapato de los gobernantes y les ha obligado a debatir una Ley de Transparencia. Como lo raro es encontrar alguien que no reciba subvenciones, va a ser más fácil señalar quien no está sujeto a la ley que enumerar quien lo va a estar; partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Iglesia Católica y más por la presión de los escándalos que por propio deseo, la Corona. Para una ciudadanía abrumada por el continuo goteo de noticias sobre el despilfarro y la corrupción, una ley con un objetivo tan noble como plausible genera grandes expectativas. ¿Se saciarán? Si todo queda en aprobar una ley más, no. Sobre todo porque la experiencia nos dice que si la norma actual se cumple con desgana no hay razones que apoyen una súbita y general conversión a la transparencia. Dejémonos de alardes y alharacas, no es cuestión de legislar sino de cumplir y hacer cumplir la ley. Como aconsejó don Quijote a Sancho cuando fue nombrado gobernador de la ínsula Barataria: leyes pocas, buenas y que se cumplan.