OIGO la voz inalterable de Elpidio José Silva, veo su mirada altiva, su rostro justiciero, me asombro de su habilidad psicológica para sacar de quicio al tribunal que lo juzga, repaso sus desventuras por un juzgado de San Roque, las quejas de los abogados y procuradores de entonces por lo que consideraban una desatención injustificada de su trabajo, su juicio de faltas por un problema con una compañera de La Línea, las impresiones de sus alumnos en la Facultad de Derecho de Jerez, el intento de incapacitarlo en 2005 de la carrera judicial, su extraordinario currículum académico, el éxito de ventas de su reciente libro, su salto a la política europea, y reescribo su comentario: "Esto es lo que yo quería". Es decir, que el tribunal que lo juzga echase de la sala a una perjudicada por la gestión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. El juicio ya ha quedado suspendido.

Un juez posee un poder del Estado casi soberano, sus decisiones sólo pueden ser rechazadas por una instancia superior, pero desde que se convierten en tales no se someten a ningún control que evalúe su capacidad física, intelectual y emocional para decidir sobre algo tan grave como si una persona va o no a prisión. Control por el que sí pasan los policías. He conocido a un juez que pensaba que la red de narcotráfico de la provincia de Cádiz era tan extensa que el único que no había caído en sus mallas era él. Y también los hay sensatos, tanto que se escandalizan cuando observan cómo este tipo de compañeros sigue ocultando sus miserias bajo la oscura toga. Una cosa es ir de juez estrella, que puede ser una actitud, un destello de vanidad del que nadie se libra, y otra muy distinta sentirse tocado por un tipo de gracia divina para borrar del mundo a los malos, corruptos e indeseables.

Pero, sobre todo, hay algo que es el Derecho, y Miguel Blesa tenía, como todos, su derecho a las garantías para ser juzgado de acuerdo a la ley. ¿Juzgado? Ah, no, que Elpidio José Silva era el juez instructor.

Hoy la instrucción se ha erigido en principal, no en accesoria, en un fin en sí misma, no en un medio, en un intento de dejar acreditado ante un juzgado de instrucción lo que debe dejarse acreditado tras el juicio ante un tribunal. Este último párrafo debería de ir entrecomillado porque lo pronunció el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el miércoles. Vale, sigan sin pasar controles, pero, al menos, que quien decida sobre las garantías no sea el mismo que instruya, como el que instruye no es el que juzga, aunque, a veces se confunda.